La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han mantenido dos reuniones en los últimos días para reforzar la coordinación entre la administración autonómica y las entidades locales en la lucha contra el coronavirus, y han acordado el refuerzo en el seguimiento del cumplimiento del aislamiento prescrito para ciudadanos que hayan dado positivo en Covid-19 o hayan sido contactos estrechos a través de la Policía Local.
Según detalla la Consejería en una nota de prensa, dicho control se realiza ya de forma aleatoria en casos concretos de especial riesgo; no obstante, se extiende ahora de forma generalizada, facilitando a las policías locales los datos de los vecinos que deben realizar aislamiento en cada municipio para que los agentes puedan velar, de forma aleatoria, por el cumplimiento de las medidas de aislamiento, junto al resto de medidas aprobadas de Salud Pública.
Para poder trasladar esta información de manera periódica, se ha puesto en marcha por parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) la aplicación móvil APEX, gracias a la cual las delegaciones territoriales podrán informar de forma periódica a los policías locales de los vecinos que deben cumplir aislamiento en cada municipio. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, se les ha solicitado a todos los jefes de las policías locales de los municipios andaluces la firma de un documento de confidencialidad para que hagan uso de estos datos de forma estrictamente confidencial y únicamente con fines de Salud Pública. En el caso de que los municipios no dispongan de Policía Local, dicha información se coordinará a través de Subdelegación de Gobierno.
La Junta recuerda que según el decreto sancionador aprobado por su Consejo de Gobierno, tiene consideración de infracción grave el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan dado positivo en Covid-19. Según dicho decreto, las sanciones graves suponen una multa desde 3.001 hasta 60.000 euros. A ellas se unen con sanción leve y una multa de 100 a 3.000 euros, el incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en Covid-19 pero que sean contactos directos de un enfermo confirmado.
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