El programa Nicolás Monardes fue la respuesta andaluza surgida en plena crisis económica, allá por los inicios de la década de los años 2010, para estabilizar a investigadores relacionados con la salud. Todos, con perfil senior. Esto significa dar un empleo estable a quien ha investigado ya durante años, por ejemplo, en el extranjero. Y sin que medie necesariamente el hecho de que sean andaluces, en teoría, facilitan el retorno. Sin embargo, tras casi una década de funcionamiento, el sistema está fallando porque genera los problemas que, en teoría, tratan de evitar, principalmente la inestabilidad laboral.
La Junta vende este programa como uno concebido para "captar talento senior y dar estabilidad y continuidad científica en la sanidad pública de Andalucía a investigadores que han concluido otros programas postdoctorales y que investigan en la solución a problemas de salud en áreas cono la oncología, la endocrinología o la neurociencia". Pongamos un caso supuesto. Un investigador que lleva 15 años en el extranjero, por ejemplo, en programas de universidades alemanas. A los 40 años, finalmente, rastrea la posibilidad de volver a su tierra, Andalucía. Como cuentan varios investigadores consultados, cuando eso de vivir fuera es más difícil por cuestiones familiares. Prefieren hablar sin dar sus nombres, pues ya han presenciado represalias contra quienes han levantado la voz, indican algunos.
Los requisitos para los monardes son más difíciles que la mayoría de programas. Cumplirlo para cualquiera no es nada sencillo. Se piden trayectorias, investigaciones, publicaciones en revistas cientóficas. Se da alrededor de media docena de ayudas cada año. Éstas consisten en un sueldo de entre 40 y 55.000 euros brutos anuales, dependiendo de las categorías (elegidas de forma algo arbitraria, entienden los afectados). Las pone en marcha la Junta a través de la Fundación Progreso y Salud. Una vez otorgadas, en cada provincia las gestionan diferentes fundaciones, públicas o privadas, algo que podría no ser legal aunque no se ha llegado a judicializar. Intuyen los investigadores que es una cesión ilegal de trabajadores, pues luego trabajan directamente en los hospitales. Son farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, o incluso médicos, pero no llevan a cabo una labor terapéutica, sino que están adscritos a unidades de hospitales públicos para conocer in situ la evolución de los pacientes. Esto es clave en una investigación, pues gracias a la evolución según tratamientos pueden extraerse conclusiones basadas en el método científico (la experiencia positiva o negativa de un elemento concreto en esa evolución. En el caso del covid, por ejemplo, está siendo el uso en grupos de pacientes de tratamientos médicos diferentes, aunque el coronavirus no es una línea de los monardes).
Una vez que comienzan a trabajar en esos hospitales, los investigadores estabilizados no tienen nada más que su salario. Por lo general, ni siquiera un espacio físico para la investigación. Ni laboratorios, ni técnicos a emplear... Nada. Las investigaciones son en cierto sentido individuales. Todo avance que logren depende de ellos mismos. Por ejemplo, logrando ayudas para financiar sus proyectos. Ni asistencia a congresos, ni compra de materiales, por supuesto que tampoco. Tienen que lograr dinero con sus propias gestiones. Esto va en detrimento de su labor, puesto que dedican mucho tiempo a ello mientras el resto de su trabajo, por una cuestión matemática de que el día tiene 24 horas.
Una vez dentro, aunque logren esa financiación, deben conseguir trasladar sus logros a una serie de criterios objetivos. Los programas se conceden por cinco o cuatro años, con una evaluación a los dos años. Si no coniguen, por ejemplo, que sean tres las publicaciones firmadas por ellos en revistas científicas, y son en cambio dos, pueden verse fuera. "En la calle", advierten, mientras que en otros institutos españoles y en otros países se les da "un toque, quizás, o te ayudan".
Sin ninguna facilidad para lograr financiación, con la espada de Damocles del cumplimiento de requisitos objetivos, al final queda a un lado el avance. "Te acabas centrando esos criterios, y no dejan que tu ojo de la experiencia te diga si tienes que publicar ahora o más tarde. Te pasas los días haciendo memorias, presentaciones". A fin de cuentas, justificando su rol, algo que por desgracia no ocurre en otras áreas del gasto público. La política exige a otros lo que para sí no considera, el justificar su trabajo cada día, lamentan.
Las condiciones económicas no son ni peores ni mejores que en otras partes del país donde hay programas similares de otras comunidades. "La investigación está mal pagada en España en general", señalan. El factor diferencial está en esa cierta desconfianza hacia los investigadores senior, los investigadores que más valor pueden aportar, alrededor de los 40 o los 50 años. "Los hay que se cansan y hacen unas oposiciones para dar clase en FP, o que optan a la universidad o a programas en los que estuvieron antes de llegar a este porque aquí no se les da estabilidad. A los dos años puedes ir a la calle, o a los cuatro años".
Un investigador en un laboratorio, en una imagen facilitada en el pasado por el SAS para promocionar el progrma Monardes. FOTO: Junta
Sin infraestructura para la investigación, sin financiación facilitada, con numerosas trabajas administrativas, burocracia interminable, no se sienten "nada cuidados". En un tiempo en el que la salud está en la prioridad, la denuncia que lanzan a través de lavozdelsur.es intenta visibilizar la hipocresía porque luego tratan de presumir de su trabajo. "Dicen que gastan en investigación, pero no nos cuidan". De hecho, del medio centenar de investigadores en el programa, alrededor de una cuarta parte lo acaba abandonado. "Eso no es una tasa normal para un programa de estabilización. Puede que alguno busque algo en otro lugar, pero casi siempre es porque se queman o porque dejan de cumplir alguno de los requisitos que piden".
Perfiles de primer nivel
Entre los investigadores hay perfiles de personas que no quieren desemobcar en la universidad para seguir en la batalla de la investigación sin dedicarse a la enseñanza por necesidad. Personas que tienen quizás tres décadas de investigación, que son citados por sus colegas en sus estudios, que hson habituales en las revistas científicas. Actúan "por vocación, porque por dinero o estabilidad no es". Estudian el cáncer, enfermedades que sesgan vidas, logran identificar nuevos fármacos, mejores tratamientos, descartan unos, potencian otros... Es una labor que cambia el mundo, que aumenta la esperanza de vida y la calidad de vida.
Y, sin embargo, "tenemos una labor del 200%, porque acabamos dedicando más tiempo a tareas burcoráticas que a la investigación". Y no se favorece la entrada de grupos nuevos. Porque una vez que un investigador sale adelante con programas de financiación externos, todo marcha. Pero en el camino se quedan investigadores de primer nivel con menos suerte por dedicarse a campos más difíciles, tener problemas concretos con la unidad en las que les toque estar ("las más potentes en los hospitales tienen administrativos que ayudan a completar la labor, pero si no, los médicos te dicen que no pueden rellenar los datos que necesita la investigación, así que te dedicas tú a hacerlo porque te dicen que es a quien más les interesa"), o directamente desencuentros que acaban con investigadores en la calle, incluso durante la pandemia.
"Tiene que desarrollarse un programa con estabilidad a largo plazo, que sea más flexible y permita a los investigadores poder hacer investigación con cierta independencia", reclama uno de los afectados, que habla también de la necesidades de apoyo "tanto en personal y recursos humanos como en financiación". "Es la única forma de conseguir que los resultados sean susceptibles de ayudar a solucionar problemas biomédicos y darle respuesta a las preguntas científicas incluso aunque la investigación esté destinada a enfermedades menos frecuentes o minoritarias, que son las grandes olvidadas", ilustra para remachar.
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