Después de que el pasado 18 de enero el cementerio hispalense de San Fernando acogiese un acto público con motivo de los primeros trabajos de campo de las excavaciones planeadas en la fosa común de Pico Reja, donde descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, el grupo de Adelante en el Parlamento de Andalucía ha preguntado al Gobierno andaluz de PP y Cs por qué la Consejería de Cultura, responsable de las políticas públicas de memoria democrática, no contó con "presencia" en el evento ni asistió ningún "alto cargo" del Ejecutivo autonómico.
En una pregunta con ruego de respuesta en el pleno de la Cámara andaluza, la diputada autonómica de Adelante, Ana María Naranjo, rememora el reciente comienzo de los trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja, adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla a Aranzadi Sociedad de Ciencias. Y mientras para financiar tales labores pesa un convenio firmado a tal efecto por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía compartiendo los costes del proyecto, la parlamentaria de Adelante recuerda que en el citado acto "estuvieron presentes representantes de la Diputación, así como del Ayuntamiento", reclamando información sobre "qué razones explican que no estuviera presente la consejera de Cultura, responsable de las políticas públicas de memoria democrática de Andalucía, o cualquier alto cargo del Gobierno andaluz".
Historiadores como José Díaz Arriaza aseguran que la fosa de Pico Reja podría acoger los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, figurando entre las víctimas miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936.
Los resultados de la investigación inicial de esta fosa, encargada por el Ayuntamiento a la empresa TCA Geomática, están plasmados en una memoria recogida por Europa Press y que corrobora "tanto las noticias escritas como orales sobre la existencia de la fosa con restos de personas enterradas tras el golpe militar de 1936", pues la fosa en cuestión constituye un depósito "colectivo" de cadáveres enterrados sin ataúdes y sin que la posición de los cuerpos se atenga a "los rituales funerarios habituales".
Según dicho volumen, dada la localización de restos óseos que corresponderían a un "mínimo" de seis personas en la excavación inicial de la investigación, con indicios de "episodios de violencia" en dos de los casos en un sondeo superficial de apenas dos metros cuadrados, "es posible mantener las cifras manejadas por Díaz Arriaza" respecto al número de cuerpos que albergaría la fosa, e incluso "aumentarla".
Y es que según se detalla en este libro, tras haber acogido los cuerpos de las personas represaliadas desde el inicio del alzamiento hasta acabar agosto de 1936", la fosa de Pico Reja habría sido "reutilizada en momentos posteriores", pues por ejemplo fue localizado un fragmento de engarce de cristal de Bohemia con la inscripción del nombre oficial de la Segunda República Checoslovaca durante 1938 y 1939.
En paralelo a esta investigación, el Ayuntamiento hispalense ha recogido muestras genéticas de al menos 155 personas susceptibles de contar con lazos familiares con personas represaliadas quizá enterradas en la citada fosa común, para su posterior cotejo con los restos de las víctimas una vez sean exhumadas y lograr así su identificación.
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