El 900 300 003, el nuevo “teléfono de violencia intrafamiliar” de la Junta de Andalucía, empezó a funcionar el pasado 16 de octubre y menos de un mes después, su principal promotor, Vox, exige que el Presupuesto para el año próximo del Gobierno andaluz, comandado por el Ejecutivo de PP y Cs, recoja el gasto para que esté en servicio las 24 horas los 365 días del año. Para ello, como ha adelantado El País, reclama un millón de euros ya que actualmente el servicio solo se presta de ocho de la mañana a tres de la tarde.
La extrema derecha, según ha ido ya anunciando venderá más caro su apoyo decisivo a las cuentas de la pandemia. Su idea pasa por implementar las propuestas de corte ideológico que ya había venido haciendo y que en muchos casos habían caído en el olvido. Tras la pelea por su puesta en marcha, el teléfono gratuito de violencia intrafamiliar se coordina con el Servicio de Asistencia a Víctimas Andaluzas (SAVA), que ya atendía este tipo de casos y que lo que ha hecho es duplicar unas funciones para mayor gloria de la propaganda voxera.
El teléfono se centra especialmente en las agresiones de hijos a padres. “Los expertos han detectado que la violencia filoparental es la más habitual y por eso hemos centrado el teléfono en ese tipo de violencia”, explicaban recientemente a El País fuentes cercanas a la Consejería de Igualdad. Vox no interpretó su puesta en marcha del mismo modo, asegurando su satisfacción por lo que el portavoz de la formación en el Parlamento autonómico, Alejandro Hernández, aseguraba que era "una demostración de que la Junta había roto el discurso monolítico de las políticas de género difundido por el feminismo supremacista de izquierdas”.
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