Este domingo, en una entrevista en El País, dos dirigentes de Vox que han participado en las negociaciones políticas han abierto la puerta a excluir a Cáritas y a otras entidades vinculadas a la Iglesia de las subvenciones públicas. Preguntados por el futuro de los convenios entre la Junta y Cáritas, han evitado responder con claridad y han defendido su postura en términos generales.
A la cuestión de si el acuerdo afecta a las ONG que acogen a inmigrantes, uno de los dirigentes ha respondido: "A todas las que colaboren [con la inmigración ilegal]". En la misma línea, otro ha señalado: "Sin importar cuál es su confesión. El objetivo no es a quien recen, sino el efecto que están causando a la sociedad extremeña". Ante una nueva intervención, se ha añadido: "A las de la Iglesia o a las del Partido Socialista".
Preguntados específicamente por los convenios de la Junta de Extremadura con Cáritas Diocesana y si estos se van a romper, uno de los representantes ha afirmado: "Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva".
El acuerdo
El acuerdo entre las formaciones incluye un apartado dedicado a inmigración en el que se recoge que la Junta de Extremadura "se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". También se contempla trabajar para el retorno de menores no acompañados a sus países de origen.
Además, el documento prevé habilitar una partida presupuestaria destinada a pruebas de determinación de edad con el objetivo de "evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios". Estas medidas forman parte del bloque de inmigración incluido en el acuerdo político.
El texto también recoge la supresión de subvenciones a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, sin especificar cuáles, así como la creación de una unidad para comprobar la residencia efectiva y combatir posibles fraudes en el empadronamiento. Asimismo, se incluye la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos y la eliminación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, actualmente presente en dos centros educativos de Talayuela.