Este domingo, en una entrevista en El País, dos dirigentes de Vox que han participado en las negociaciones políticas han abierto la puerta a excluir a Cáritas y a otras entidades vinculadas a la Iglesia de las subvenciones públicas. Preguntados por el futuro de los convenios entre la Junta y Cáritas, han evitado responder con claridad y han defendido su postura en términos generales.
A la cuestión de si el acuerdo afecta a las ONG que acogen a inmigrantes, uno de los dirigentes ha respondido: "A todas las que colaboren ". En la misma línea, otro ha señalado: "Sin importar cuál es su confesión. El objetivo no es a quien recen, sino el efecto que están causando a la sociedad extremeña". Ante una nueva intervención, se ha añadido: "A las de la Iglesia o a las del Partido Socialista".
Preguntados específicamente por los convenios de la Junta de Extremadura con Cáritas Diocesana y si estos se van a romper, uno de los representantes ha afirmado: "Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva".
El acuerdo
El acuerdo entre las formaciones incluye un apartado dedicado a inmigración en el que se recoge que la Junta de Extremadura "se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". También se contempla trabajar para el retorno de menores no acompañados a sus países de origen.
Además, el documento prevé habilitar una partida presupuestaria destinada a pruebas de determinación de edad con el objetivo de "evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios". Estas medidas forman parte del bloque de inmigración incluido en el acuerdo político.
El texto también recoge la supresión de subvenciones a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, sin especificar cuáles, así como la creación de una unidad para comprobar la residencia efectiva y combatir posibles fraudes en el empadronamiento. Asimismo, se incluye la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos y la eliminación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, actualmente presente en dos centros educativos de Talayuela.
Este domingo, en una entrevista en El País, dos dirigentes de Vox que han participado en las negociaciones políticas han abierto la puerta a excluir a Cáritas y a otras entidades vinculadas a la Iglesia de las subvenciones públicas. Preguntados por el futuro de los convenios entre la Junta y Cáritas, han evitado responder con claridad y han defendido su postura en términos generales.
A la cuestión de si el acuerdo afecta a las ONG que acogen a inmigrantes, uno de los dirigentes ha respondido: "A todas las que colaboren ". En la misma línea, otro ha señalado: "Sin importar cuál es su confesión. El objetivo no es a quien recen, sino el efecto que están causando a la sociedad extremeña". Ante una nueva intervención, se ha añadido: "A las de la Iglesia o a las del Partido Socialista".
Preguntados específicamente por los convenios de la Junta de Extremadura con Cáritas Diocesana y si estos se van a romper, uno de los representantes ha afirmado: "Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva".
El acuerdo
El acuerdo entre las formaciones incluye un apartado dedicado a inmigración en el que se recoge que la Junta de Extremadura "se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". También se contempla trabajar para el retorno de menores no acompañados a sus países de origen.
Además, el documento prevé habilitar una partida presupuestaria destinada a pruebas de determinación de edad con el objetivo de "evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios". Estas medidas forman parte del bloque de inmigración incluido en el acuerdo político.
El texto también recoge la supresión de subvenciones a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, sin especificar cuáles, así como la creación de una unidad para comprobar la residencia efectiva y combatir posibles fraudes en el empadronamiento. Asimismo, se incluye la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos y la eliminación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, actualmente presente en dos centros educativos de Talayuela.
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