Unidas Podemos por Andalucía ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por el “fraude” de los procedimientos de contratación exprés puestos en marcha por la Junta de Andalucía durante la pandemia. Así lo han anunciado los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero y Martina Velarde, que han recordado que la Junta de Andalucía ha contratado a unas 4.000 personas a través de un procedimiento considerado ilegal por la justicia en reiterados pronunciamientos, la última de ellas una sentencia del TSJA que apunta a la “absoluta supresión” de los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública: publicidad, mérito y capacidad.
Valero ha recordado cómo “en los momentos más duros de la pandemia, cuando a la incertidumbre por la situación de emergencia sanitaria se sumaba el cierre de negocios y la preocupación de las familias trabajadoras andaluzas por perder sus empleos, el Gobierno de Moreno Bonilla anunció la contratación de miles de trabajadores aprovechándose de los ‘fondos Covid’, lo que generó expectativas y esperanzas en un pueblo que lo estaba pasando muy mal”. En lugar de dar respuesta a las necesidades de los andaluces y andaluzas, el Gobierno andaluz estaba “haciendo propaganda con un procedimiento de contratación fraudulento que se prestaba al enchufismo, y así lo denunciamos en su momento”.
Por su parte, Velarde ha denunciado que, mientras Moreno Bonilla y Bendodo se justificaban argumentando que el procedimiento era “acorde a la ley”, existen “hasta 13 sentencias judiciales de tribunales que han constatado su irregularidad, sentencias que se han ido ocultando a lo largo de estos meses y a la que se suma el fallo del TSJA que certifica la ausencia de procedimiento”. Los portavoces de UpporA han denunciado que el Gobierno andaluz “se ha reído del Parlamento y de los andaluces y andaluzas”, por lo que piden que “se depuren responsabilidades políticas” y que “pidan perdón a las personas afectadas, que son, por un lado, los trabajadores y trabajadoras que pudieron ser contratados mediante un procedimiento público con criterios de mérito y capacidad y no lo fueron, y por otro los que sí se beneficiaron de estos contratos y ahora se ven afectados por la sentencia”.
La iniciativa, registrada por el grupo parlamentario de la coalición de izquierdas, apunta además que estos procedimientos han generado tanto perjuicios a las personas contratados como “a las miles de personas que se vieron abocadas a participar en un procedimiento opaco, irregular, sin garantías ni seguridad jurídica, obligadas, por el desempleo o la precariedad, a participar en un procedimiento clamorosamente escandaloso”.
Unidas Podemos por Andalucía considera que “ha de depurarse la verdad, sobre cómo se hizo ese procedimiento, sobre cómo se decidió la imposibilidad de participar en el proceso selectivo a mujeres embarazadas, lactantes, mayores o personas con diversidad funcional, cómo se decidió que no se iban a publicar los listados con el resultado, cómo y quién decidió cercenar el derecho de aspirantes a efectuar alegaciones, cómo se determinaron los puestos de trabajo para camuflar de extraordinarias vacantes ordinaria, qué potestades administrativas han sido ejercidas mediante nombramientos anulados y sus consecuencias o por qué se ha obstaculizado de una forma tan primaria, grosera y falta de respeto con nuestro Estatuto de Autonomía la labor del Parlamento”. La exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria concluye que “han de depurarse las responsabilidades políticas que esta cadena de irregularidades ha provocado”.
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