El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha denunciado este martes "un nuevo déficit" de 120 millones de euros por el "incumplimiento" de la Ley de Participación en los Tributos de la comunidad autónoma (Patrica), extremo por el que ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "no cumplir" con los ayuntamientos andaluces.
Maíllo, en declaraciones a los periodistas en el marco de una reunión del Foro de alcaldes de IU, ha señalado que la aplicación de la Patrica en la asignación de los fondos andaluces "llevan a un nuevo déficit de 120 millones más por no aplicar la propia ley que aprobó el Parlamento andaluz". Con esta nueva deuda, según los datos que ha expuesto, el déficit acumulado se eleva a "720 millones desde la aplicación de la ley".
Ante este escenario, el líder andaluz de la coalición de izquierdas ha avanzado que IU pondrá en marcha una campaña "para que cada pueblo de la comunidad sepa cuándo dinero recibe por la Patrica, cuánto debería recibir y qué se podría hacer con ese dinero".
"El Gobierno de Susana Díaz no cumple con los ayuntamientos porque no hace cumplir la ley", ha lamentado Maíllo, que ha incidido en que "aunque es complicado volver atrás, debe haber un compromiso de financiación con las administraciones locales en el que se reconozca esa deuda".
Y también han abordado en el foro de alcalde este martes la aportación que los ayuntamientos andaluces deben hacer al debate abierto sobre el Presupuesto General del Estado. Tras señalar que en la salida de la crisis las administraciones locales han tenido mucho que ver por sus políticas de cercanía, su capacidad de crear empleo y fomentar la economía, Maíllo ha dicho que deben hacer "las enmiendas suficientes" y aportaciones concretas en las negociaciones que se llevan con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Con todo, el coordinador general ha querido poner en valor que los alcaldes de su formación "desarrollan una labor formidable en defensa de la administración local y de los servicios que presta a pesar del deterioro al que están sometidos por la mala financiación local" y que, aún así, "llevan a cabo políticas de prioridad para las clases más vulnerables en sus territorios, compensando lo que no ofrecen las administraciones ni autonómicas ni estatales".
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