La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha confirmado que más de 300 parcelas o edificaciones ilegales en suelos rústicos de la provincia de Cádiz permanecen paralizadas tras las órdenes de suspensión. Los operativos, denominados "reprecintos", se han ejecutado en los municipios de Arcos, San Roque y La Línea, en cumplimiento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA).
Rocío Díaz, consejera de Fomento, ha destacado que estas actuaciones forman parte de un refuerzo de la inspección urbanística para prevenir construcciones sin licencia en terrenos no urbanizables. Además, ha advertido de las graves consecuencias de incumplir las medidas, que incluyen sanciones económicas e incluso responsabilidades penales por rotura de precintos.
Esta semana, la Junta ha intervenido en Villa Clemente, una macrourbanización de seis hectáreas en La Línea, donde hace un año se precintaron más de un centenar de parcelas ilegales. Agentes de la inspección urbanística, junto con la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, verificaron que no se habían reanudado las obras. La colaboración de los cuerpos de seguridad ha sido clave para garantizar el cumplimiento de las medidas.
La pasada semana se reprecintaron 97 lotes ilegales en Arcos, continuando con las inspecciones iniciadas en 2021. Asimismo, a finales de abril, se revisaron 89 parcelas en una zona de cinco hectáreas en San Roque, donde ya en 2022 se frenó un proceso parcelatorio irregular. En este último caso, se retiraron construcciones prefabricadas en 13 lotes.
La Junta ha recordado que los propietarios de las parcelas precintadas pueden optar por la demolición o retirada voluntaria de las construcciones, lo que podría reducir las sanciones hasta en un 50%. Sin embargo, reincidir o ignorar las órdenes de paralización conlleva multas de entre 30.000 y 120.000 euros, además de posibles delitos de desobediencia.
Estas acciones se enmarcan en el Plan General de Inspección 2023-2026 y en la Lista, que otorga a la Junta competencias directas para actuar en suelos rústicos. Este cambio normativo ha permitido pasar de cero precintos en 2018 a 1.239 intervenciones entre 2022 y 2024, según datos de la Consejería.
Impacto en la preservación del territorio
Las medidas buscan frenar el urbanismo ilegal y proteger el medio rural. La Junta insiste en que las inspecciones continuarán de forma preventiva, con especial atención a las zonas donde persista el incumplimiento de la normativa urbanística.
Además de las sanciones económicas, la rotura de precintos puede derivar en multas coercitivas de 600 a 5.000 euros por períodos mínimos de diez días. La Consejería subraya que estas acciones disuasorias son necesarias para garantizar el ordenamiento territorial y evitar daños irreversibles en el suelo no urbanizable.