La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles dos decretos aprobados tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El primero refuerza la seguridad de la red y la protección de sus profesionales. El segundo establece ayudas directas para los afectados por la colisión del 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando un AVE de Renfe chocó por alcance contra un tren de Iryo que estaba detenido en la misma vía.
El Gobierno aprobó el decreto de seguridad el 10 de noviembre en respuesta a las reclamaciones sindicales. Durante el debate, el PP vinculó los 116 fallecidos este año en los accidentes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda con la “corrupción” en el Ministerio de Transportes. Los grupos de izquierda pidieron al Ejecutivo que replantee el modelo ferroviario y vuelva a “recuperar” el control público del sistema. El PNV acusó al Gobierno de haber “necesitado varios accidentes para hacer algo que debería haberse hecho en 2020”.
Seis horas de conducción y capacidad para detener un tren
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que asumió las funciones de ministro de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente seis días después del accidente, ha destacado que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) tendrá más facultades de supervisión e inspección. Según Cuerpo, hasta ahora esa labor dependía de la buena voluntad de las empresas investigadas.
El decreto fija en seis horas el tiempo máximo de conducción. En ese cómputo se incluye todo el tiempo en que el maquinista es responsable del vehículo, incluidas las maniobras en movimiento, los trabajos fuera de la Red Ferroviaria de Interés General y las pausas de menos de 45 minutos entre dos conducciones.
La reforma de la Ley del Sector Ferroviario permite que el personal con funciones de seguridad operacional comunique riesgos por canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad. También reconoce el derecho a tomar medidas “necesarias” y “proporcionadas” ante un riesgo grave e inminente. Entre ellas figuran detener un tren o decidir que no inicie la marcha, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.
La norma extiende los coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal de empresas ferroviarias que opera en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, para igualar el trato de quienes desempeñan las mismas funciones. El 11 de mayo de 2027 entrará en vigor el artículo que permitirá a las empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructuras adaptar los gráficos de conducción y otros aspectos de la organización del trabajo a las nuevas condiciones.
Ayudas de 72.121,46 euros por fallecimiento y hasta 84.141,70 por lesiones
El segundo decreto fija una ayuda directa de 72.121,46 euros por fallecimiento y de entre 2.404,04 y 84.141,70 euros por lesiones. También permite anticipar esas mismas cuantías a cuenta de las indemnizaciones que puedan corresponder. Si la indemnización final es inferior al anticipo, el beneficiario podrá conservar la diferencia.
Las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de accidente de trabajo. Esto garantiza el cobro de la prestación desde el primer día y en mejores cuantías. El mismo tratamiento se aplicará a las pensiones de incapacidad, muerte y supervivencia y a la incapacidad permanente parcial.
Cuerpo ha explicado que las ayudas tienen carácter “complementario” y buscan simplificar los trámites para que los recursos “lleguen de manera inmediata” a los afectados mientras se resuelven los procedimientos judiciales abiertos.
El decreto incorpora además un mecanismo para limitar las subidas de precios de determinados bienes y servicios en situaciones de emergencia, como el transporte alternativo o el alojamiento. Según Cuerpo, tras el accidente de Urda no fue necesario activarlo.
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