La Comisión Especial de Auditoría y Transparencia del Ayuntamiento de Jerez ha acordado trasladar a los servicios jurídicos los tres informes existentes sobre el expediente de contratación del servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del ERE municipal, que promovió el gobierno del PP en el anterior mandato, a la consultora Deloitte (un contrato que costó 121.000 euros a las arcas públicas) para que se depuren posibles actuaciones penales al no haberse respetado los principios de publicidad y concurrencia. La decisión ha sido respaldada por PSOE y Ganemos, mientras que IU, Cs y, obviamente, PP han votado en contra.
"Es un circo ridículo; solo quieren alargar una polémica estéril como única arma contra el PP". Si previsible era la reacción de los populares, de nuevo escudados en el edil Jaime Espinar mediante un comunicado de prensa, y pese a que Saldaña formaba parte de la junta de gobierno local que adjudicó el contrato, más llamativa ha sido la respuesta de IU para inhibirse en una decisión acordada por un órgano político de fiscalización que preside Ganemos desde comienzos de mandato.
"De existir indicios claros de corrupción en la contratación de Deloitte por parte del PP no tardaría ni un segundo en denunciarlo, pero entendemos que se trata de una cuestión interpretativa con respecto a si el procedimiento de contratación se ajustó o no a ley", ha argumentado de forma un tanto rocambolesca el portavoz de la coalición de izquierdas, Raúl Ruiz-Berdejo, quien sí ha dejado claro, en cambio, que "ni somos partidarios de judicializar la actividad administrativa de este Ayuntamiento, ni de mantener perpetuamente la sombra de la duda sobre los técnicos municipales. Si de lo que se trata es de hacer política y campaña electoral en los juzgados, no vamos a entrar en esa; los juzgados están para cuando verdaderamente existen indicios de delito o corrupción".
"Saldaña se esconde detrás de su subordinado Jaime Espinar, negándose a dar la cara ante un tema de tanta trascendencia"
Ni Ganemos, ni Cs se han pronunciado hasta el momento, pero el PSOE sí ha remitido una valoración desde el partido en la que censura especialmente a IU, por no entender que "haya partidos que ahora cuestionen el funcionamiento de la comisión de Transparencia —que viene fiscalizando la gestión municipal de este y anteriores gobiernos desde 2015— y entiendan que su labor se deba a fines partidistas". El secretario de Organización de los socialistas jerezanos, Israel Pérez, recuerda que hay dos informes, de la Intervención Municipal y del despacho de abogados de Sanguino, que "avalan las dudas que sobrevuelan sobre esta adjudicación, que no respetó los principios de publicidad y concurrencia", al tiempo que ha reprobado "la cobardía del candidato de segunda mano, Antonio Saldaña, quien después de adjudicar de forma presuntamente irregular la asesoría de dirección letrada con la que se tramitó el despido de 260 empleados municipales, ahora se esconde detrás de su subordinado Jaime Espinar, negándose a dar la cara ante un tema de tanta trascendencia".
IU cree que una denuncia acabaría en un procedimiento contencioso-administrativo
A todo esto, insisten en que "la exalcaldesa María José García-Pelayo y el candidato Saldaña, además, faltaron a las dos juntas de gobierno local en las que se inició la contratación y se adjudicó a Deloitte, por lo que desde el PSOE-A de Jerez se preguntan a qué se debieron esas ausencias y piden a los políticos populares que den la cara y aclaren las dudas que existen sobre una adjudicación que la Justicia determinará si incurrió en ilegalidades". IU, por boca de Ruiz-Berdejo, ha valorado sin embargo que esas acciones judiciales "no llevarían sino a un procedimiento contencioso-administrativo en el que las responsabilidades, en caso de haberlas, recaerían sobre el propio Ayuntamiento y los técnicos municipales, pero no sobre los miembros del gobierno del PP, y mucho menos sobre el propio Partido Popular".
Espinar, en cualquier caso, ha subrayado que se "ha vuelto a poner de manifiesto en la Comisión de Transparencia que el procedimiento fue absolutamente ajustado a derecho, tal y como dictaminaron en su día los técnicos municipales de asesoría jurídica, Intervención, contratación y recursos; y tal y como avaló la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE y el Tribunal de Cuentas, además de uno de los informe jurídico encargado por la Comisión de Transparencia". En 2015, cuando estaba en el gobierno municipal, el PP ya anunció que se querellaría contra Mamen Sánchez, entonces candidata a la Alcaldía, a consecuencia de esta denuncia que ahora se ha formalizado a través del referido órgano municipal de fiscalización. El PP adjudicó cuatro contratos con la consultora multinacional, que se ha sentado en el banquillo por presuntas irregularidades contables en la salida a Bolsa de Bankia, por valor de unos 200.000 euros en apenas tres años.
El PP liquidó Ajemsa "sin soporte contable"
En otro orden de cosas, la Comisión Especial de Auditoría y Transparencia también ha conocido el informe sobre la inexistencia de los soportes contables de la empresa Ajemsa elaborado por el despacho de abogados Sanguino. Los grupos que conforman la comisión han recibido este informe para que, en el plazo de una semana, puedan realizar un análisis. La valoración del mismo se llevará a cabo en una reunión que se convocará la próxima semana.
El informe entregado pone de manifiesto que puede haber responsabilidades de los administradores de la sociedad y hace hincapié en que el Ayuntamiento pudiera haber incurrido en responsabilidades al recibir los activos y los pasivos de la sociedad sin soporte contable y, por tanto, sin tener la seguridad de que los activos y pasivos entregados fueran los correctos.
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