La transparencia del Gobierno del “cambio” andaluz tiene unos límites y, al parecer, son los ideológicos. ¿Acaso no es lavozdelsur.es un medio andaluz? ¿Acaso su tráfico no está auditado por OJD Interactiva y tiene más de 600.000 lectores mensuales, procedentes de grandes ciudades andaluzas e incluso de fuera de nuestras fronteras? El Gobierno de PP y Ciudadanos, en cambio, han optado por obviar estos datos y vetar a este periódico digital de la campaña de publicidad institucional que cada año por estas fechas lanza la Junta de Andalucía con motivo del 28F.
Una campaña de la que lavozdelsur.es venía participando en los últimos cuatro años, la única por cierto que la administración autonómica en manos del PSOE ha venido insertando en este periódico digital, pese a las reiteradas llamadas a un reparto de la publicidad institucional más equitativo y, sobre todo, más transparente. Después de varios correos y propuestas —la última de ellas aceptada— con una de las agencias de medios con la que la Junta de Andalucía tiene externalizada la gestión de estas campañas institucionales, y cuando este pasado viernes debía activarse dicha campaña —otros medios llevan anunciándola desde principios de semana y está inserta incluso en medios digitales sin datos auditados—, se comunica a lavozdelsur.es que finalmente “han realizado cambios desde la consejería en los soportes".
Hay jurisprudencia que condena la discriminación del reparto de la publicidad institucional por línea editorial
O lo que viene a ser lo mismo, por criterios, básicamente, políticos e ideológicos no habrá inserción de la campaña este año en este medio. No hay más explicaciones. Opacidad y arbitrariedad total. En la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, a consultas de este periódico digital, aseguran desconocer los motivos. ¿Son causas de discriminación por línea editorial?
Banner que ha insertado la Junta de Andalucía en diferentes medios impresos y digitales.
El Tribunal Constitucional considera discriminatorio que un medio de comunicación social quede excluido del reparto de publicidad institucional. Hay sobrada jurisprudencia al respecto. “El núcleo del razonamiento del Tribunal Constitucional se basa en la vinculación de la publicidad institucional con el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, de modo que la comunicación o información emanada de los poderes públicos (publicidad institucional), que tiene un evidente interés general, debe canalizarse en términos de igualdad y no discriminación a través de los distintos medios de comunicación social”.
Obviando esto, silenciando a los medios no afines por línea editorial, volvemos a lo mismo de antes, cuando, ilusos, podíamos creer que al menos ciertas formas sí se revertirían en este nuevo tiempo político. Solo en la recta final de la última legislatura, el PSOE al frente de la Junta puso en manos de una agencia más de 700.000 euros para forrar de publicidad institucional a determinados medios de comunicación. En Cádiz, en la Diputación de Cádiz en manos del PSOE, el reparto sigue discriminando y primando a unos soportes sobre otros, a unas cabeceras sobre otras. A lavozdelsur.es, por cierto, tampoco se le incluye en dicho reparto. ¿Tampoco somos de Cádiz? ¿Ni de Jerez? ¿Se abrirá alguna vez el necesario debate sobre el reparto justo, plural, equitativo y justificado de la publicidad institucional, sobre la necesaria promoción y divulgación de la acción de cualquier institución pública que se financia con cargo al bolsillo de todos los contribuyentes?
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