PP, Vox y Junts han tumbado uno de los dos decretos clave del Gobierno. Lo hicieron con 178 votos en contra y un argumentario prácticamente idéntico, provocando la caída de una norma que incluía la revalorización de las pensiones de más de 13 millones de personas, la subida del salario mínimo, el Ingreso Mínimo Vital, ayudas sociales y la prohibición de desahucios a familias vulnerables.
El Gobierno aún no ha decidido si aceptará esa fragmentación o insistirá en llevar de nuevo el decreto al Congreso. Sí aprovechó, en cambio, para advertir de que estas “excusas” perjudicarán de forma inmediata a millones de ciudadanos.
No es la primera vez que este decreto social decae. El año pasado, la devolución al PNV de un palacete en París confiscado por el franquismo fue el detonante del rechazo. Este año, el foco se ha situado en la ocupación de viviendas. PP, Vox, UPN y Junts sostienen que las limitaciones a los desahucios para personas sin alternativa habitacional suponen un ataque a los pequeños propietarios.
El decreto rechazado incluía una subida del 2,7% de las pensiones, entre el 7% y el 11% para las no contributivas, además de límites a los cortes de suministros, la prórroga del bono social eléctrico y ayudas por la dana. El aprobado permitirá mantener las bonificaciones al transporte, aunque anticipa nuevas batallas políticas.
El segundo decreto, centrado en subvenciones al transporte público, sí salió adelante con 179 votos a favor, el rechazo de Vox y una abstención muy crítica del PP, motivada por la gestión de los recientes accidentes ferroviarios.
Junts, distanciado del bloque de investidura, justificó su voto negativo. Su portavoz, Míriam Nogueras, aseguró que “no tenía nada que ver” con las pensiones, sino con la mezcla de medidas y, en especial, con las ocupaciones. “No pueden obligarnos a que no puedas hacer nada si te ocupan el piso”, afirmó, reclamando la aprobación de su ley contra las okupaciones.