La Mesa del Congreso aprobó este martes una actualización de las normas que regulan el acceso al Archivo de la Cámara, que contempla la posibilidad de consultar documentos con datos personales si lo autoriza el órgano de gobierno de la institución. En el caso de documentos anteriores a la Constitución, podrán ser examinados cuando incluyan datos identificativos que no afecten a la seguridad ni a la intimidad, siempre que la persona titular haya fallecido o que el solicitante justifique un interés legítimo.
Desde Sumar han destacado que esta modificación permitirá a la familia de Manuel García Caparrós, asesinado en 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, acceder a información para conocer la identidad de los responsables. La reforma, que forma parte del I Plan de Parlamento Abierto, sustituye las normas vigentes desde 1984 con el objetivo de alinearlas con los estándares actuales de transparencia y con el funcionamiento de los archivos de otros órganos constitucionales y administraciones públicas.
La explicación de la Junta
No obstante, la iniciativa contó con el voto en contra de los miembros del Partido Popular en la Mesa del Congreso. Un hecho que contrasta con el apoyo que los populares han dado a las iniciativas sobre la desclasificación de los documentos en el Parlamento de Andalucía. Este miércoles, Carolina España como portavoz de la Junta ha explicado la descoordinación dentro del partido.
"Lo que ha ocurrido es que los diputados del PP no sabían que estaban hablando de la desclasificación que afectaba a García Caparrós porque en ningún momento se ha hablado de esta persona y este caso", ha señalado España. "Se ha votado en contra de este procedimiento porque se saltaba la ley de Memoria Histórica. Nosotros siempre estamos a favor de que se conozca toda la verdad del asesinato de García Gaparrós. Así se lo hemos trasladado a su familia".