El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles dos nuevas leyes que habían quedado pendientes para este último tramo de la legislatura. Se trata de la Ley de Montes de Andalucía (LEMA) y de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), dos normas llamadas a renovar en profundidad el marco ambiental y forestal de la comunidad. La aprobación supone un paso estratégico del Ejecutivo andaluz en materia de sostenibilidad, protección del entorno y modernización administrativa. Ambas leyes han sido defendidas en sede parlamentaria por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien ha subrayado que se trata de textos adaptados a los "desafíos actuales".
La LEMA sustituye a la Ley Forestal de Andalucía, de 1992 y anterior incluso a la norma estatal de 2003. Esa diferencia temporal, según ha explicado la consejera, había generado vacíos y duplicidades que ahora se corrigen. La actualización responde además al mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que reclamaba revisar en profundidad el marco normativo. “Se ha construido una legislación coherente, moderna y eficaz, que va a facilitar la gestión sostenible de los montes y que contribuirá al desarrollo del medio rural”, ha afirmado García.
Entre sus novedades figura la creación del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad y amplía sus funciones como foro de encuentro entre administraciones, sector forestal y sociedad civil. El texto refuerza la protección tanto de montes públicos como privados. El antiguo Catálogo de Montes de Andalucía pasa a denominarse Registro de Montes Públicos de Andalucía, clarificando su régimen jurídico. Además, se introduce la figura del monte protector para terrenos privados y se regula la recuperación del Fondo de Mejoras para montes públicos catalogados.
La LEMA apuesta también por la digitalización, la investigación y la transferencia tecnológica, prevé la creación de la Red MUESTRA de montes ejemplares y promueve la certificación forestal. Incorpora mecanismos para que los productos forestales con valor de mercado generados en actuaciones de mejora computen en el presupuesto de la intervención, subrayando el papel del monte como motor de bioeconomía rural.
Un monte gestionado es un monte protegido. Con la Ley de Montes de #Andalucía, renovamos el marco normativo de hace 30 años.
— Catalina García (@LinaGarcia_AND) February 25, 2026
Se trata de una norma bien acogida por el sector y en la que se han implicado los agentes sociales. pic.twitter.com/YkNySzhPkZ
Una reforma integral de la gestión ambiental
Junto a la Ley de Montes, el Parlamento ha aprobado la LEGAM, que sustituye y actualiza el marco de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), objeto de numerosas reformas parciales desde 2019. La nueva norma integra en un único texto las modificaciones acumuladas y adapta la legislación andaluza a los cambios europeos y estatales de las últimas dos décadas. Según ha señalado la consejera, la Ley dota a la Administración de instrumentos más ágiles y eficaces para afrontar los retos ambientales y climáticos del siglo XXI.
El texto crea la Estrategia Marco de Medio Ambiente como instrumento de planificación de referencia y el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente. Uno de los ejes de la LEGAM es la simplificación administrativa, dice la Junta. Se reducen plazos de tramitación —seis meses para la Autorización Ambiental Integrada y la Unificada, cinco para la Unificada Simplificada y tres para la Licencia Ambiental— y se introducen nuevos instrumentos como la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales, con efectos inmediatos. Así, la Licencia Ambiental sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos. En esta línea, lo que en la anterior regulación se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios, reduciendo la carga administrativa de los ayuntamientos. Asimismo, otras 33 categorías se simplifican, pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA), un procedimiento mucho más ágil para las corporaciones locales.
La norma refuerza además la inspección y el régimen sancionador, incorpora la prestación ambiental sustitutoria —que permitirá sustituir sanciones económicas por actuaciones de restauración o educación ambiental— y actualiza las obligaciones en materia de responsabilidad medioambiental.
