La Policía Judicial, que ha cursado la denuncia ante el Juzgado y el Ministerio Fiscal, investiga una presunta trama de corrupción en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), un ente consorciado clave para el abastecimiento de agua en alta a casi un millón de habitantes de 25 municipios de la provincia de Cádiz.
Según ha podido saber lavozdelsur.es, las pesquisas policiales en torno a un caso que permanece bajo secreto de sumario se centran en supuestos accesos al programa informático interno del Consorcio donde se tramitan y gestionan numerosos expedientes, entre ellos las licitaciones públicas de obras y servicios que presta la entidad con sede en Jerez. Muchos de estos contratos son millonarios, pues a menudo se trata de obras de infraestructuras hidráulicas de presupuestos muy elevados.
Ha sido el actual presidente del CAZG, Andrés Díaz, que tomó posesión del cargo a mediados de agosto del año pasado, quien ha interpuesto la denuncia y quien precisamente prestara declaración como testigo la próxima semana.
Este viernes, ha podido saber este periódico, ha sido su antecesor en el cargo, Jorge Rodríguez, quien ha declarado ante la Policía en calidad de testigo en las diligencias previas. Fue el responsable de ordenar el peritaje informático y la comparecencia notarial por estos presuntos hechos delictivos que estaban produciéndose. Una orden que se concretó en mayo del pasado año, días antes de las pasadas elecciones municipales, las cuales provocaron la renovación de la composición y, por ende, del comité directivo que controla el CAZG.
Millones de presupuesto en obra pública a cargo del CAZG
La investigación está totalmente abierta, pero fuentes cercanas al caso aseguran a este medio que apuntan a supuestos amaños de licitaciones de contratos públicos entre "técnicos de la casa y políticos del PSOE" vinculados en etapas anteriores a una de las instituciones consideradas críticas por el Estado.
Con algo más de un centenar de trabajadores públicos y alrededor de 16 millones de euros de presupuesto, el comité directivo del Consorcio está actualmente controlado por Andalucía X Sí y el PP, aunque también cuenta con representantes del PSOE e IU, de acuerdo a la configuración política de los ayuntamientos consorciados emanada de las pasadas elecciones municipales.
La Junta de Andalucía anunció por escrito su salida del Consorcio en junio de 2020, poco más de un año después del cambio de gobierno en San Telmo, si bien la solicitud nunca llegó a hacerse efectiva y legalmente sigue dentro de la entidad.