El Parlamento de Andalucía ha aprobado este pasado jueves una iniciativa para instar al Gobierno central a auditar y fiscalizar todas las licitaciones de obras públicas que están siendo investigadas por la Justicia como parte de la supuesta trama de corrupción vinculada al PSOE. El objetivo es esclarecer posibles sobrecostes, desviaciones presupuestarias y depurar responsabilidades políticas y personales.
La proposición no de ley, impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox, ha salido adelante con el voto en contra de los grupos de izquierda. En ella se solicita que se investigue a fondo el impacto económico de estos “ilícitos penales” y si las obras adjudicadas en Andalucía se vieron afectadas por prácticas irregulares a través de modificados complementarios o liquidaciones anómalas.
Obras millonarias bajo sospecha
La iniciativa parlamentaria parte del “tristemente famoso” informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha destapado, según el PP, “un enorme entramado de mordidas en la cúpula del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez con ramificaciones en Andalucía”. El diputado popular Antonio Saldaña ha citado entre las obras afectadas la ampliación del puente del Centenario en Sevilla (102 millones de euros), tramos de la línea de AVE Murcia-Almería (280 millones), el desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, y la N-322 en Úbeda (Jaén).
Según Saldaña, las mordidas descritas en las conversaciones intervenidas por la UCO podrían ascender a cientos de miles de euros, sin contar el sobrecoste asumido finalmente por la Administración central en la ejecución de las obras.
El Parlamento andaluz ha manifestado su "más profundo rechazo y repulsa" a lo que considera una gestión arbitraria y sin garantías del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Asimismo, ha instado a la Delegación del Gobierno en Andalucía a dar “cumplidas explicaciones” sobre las obras señaladas en la investigación.
Petición de penalidades económicas y control semestral
Además de la auditoría, la Cámara autonómica ha exigido que, una vez completadas las comprobaciones, el Ejecutivo central acuerde penalidades económicas legalmente previstas en aquellos casos donde se detecten irregularidades. El texto también contempla que el Gobierno de España informe cada seis meses al Consejo de Gobierno de la Junta y al Parlamento de Andalucía sobre el desarrollo de estas actuaciones.
Otra de las demandas aprobadas consiste en que el Ejecutivo defienda el interés público económico en los proyectos investigados judicialmente y tome medidas para garantizar la transparencia en futuras adjudicaciones.
En contraste, la cámara rechazó una proposición no de ley impulsada por el grupo Por Andalucía, que pedía medidas para prevenir y combatir la corrupción, especialmente en el ámbito de la contratación pública. La propuesta no prosperó al no contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria.