El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Vivienda de Andalucía con el respaldo del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, mientras los grupos de izquierda (PSOE, Adelante y Por Andalucía) se oponen y Vox se abstiene de apoyar la iniciativa. La votación se lleva a cabo tras el debate celebrado este martes en el Pleno del Parlamento andaluz.
Los portavoces de los partidos de izquierda criticaron la ley por considerar que no aborda el problema de la vivienda para las clases medias y trabajadoras y que refuerza un modelo "especulador". Además, denunciaron la rapidez de su tramitación parlamentaria, que se ha llevado a cabo en apenas dos meses desde su aprobación por el Consejo de Gobierno en septiembre.
El diputado de Vox, Ricardo López, valoró la voluntad de diálogo de la Junta durante la tramitación, pero anunció que no apoya la norma. Según López, la ley no establece prioridad para andaluces y españoles en el acceso a la vivienda protegida y calificó de "gran promesa vacía" la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años sin financiación garantizada.
Desde el PSOE, Verónica Pérez criticó que la ley consolida la VPO para sectores de mayor poder adquisitivo, elimina la desclasificación de las viviendas de protección oficial y suprime el control del registro de demandantes. La diputada denunció que el aumento del precio de la vivienda en Andalucía ha sido del 55 % en los últimos siete años y que la Junta no ejecuta 1.000 millones de euros destinados a políticas de vivienda.
Para Adelante Andalucía, el texto representa un "error político" que profundiza en un modelo que, según el partido, ha generado el problema habitacional. El portavoz José Ignacio García señaló que en la región hay 640.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión y que la ley favorece a grandes promotores en lugar de garantizar el derecho a la vivienda.
El diputado de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, cuestionó la premisa de que aumentar la oferta abarata los precios y subrayó que existen 200.000 pisos turísticos en la comunidad que podrían recuperarse para fines residenciales en un contexto de emergencia habitacional.
El PP dice que protege a los más vulnerables
En defensa de la ley, el portavoz de Vivienda del PP, Antonio Saldaña, afirmó que el partido no ha aplicado un "rodillo" pese a su mayoría absoluta, ya que se han aceptado entre el 14 % y el 23 % de las enmiendas presentadas por la oposición. Según Saldaña, la norma incrementa la vivienda protegida, genera seguridad jurídica, reduce costes y trámites, y protege a los más vulnerables.
La consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que el proyecto surgió del diálogo y la escucha con los distintos actores. La norma contempla la activación de áreas prioritarias para la construcción, la creación de una bolsa de suelo municipal y la constitución de una comisión de coordinación de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal, entre otras medidas.
La ley incorpora además un decreto de medidas urgentes aprobado en febrero que prevé la construcción de 20.000 viviendas de protección oficial en cinco años, permite aumentar la densidad de edificación en supuestos de viviendas protegidas y facilita el cambio de uso del suelo turístico o de oficina a residencial.