"El sorteo del 100% del sueldo de Alvise se paraliza para donarlo íntegro durante 3 meses a los afectados por la dana". Fue la última vez que en su canal de Telegram el agitador ultra de origen sevillano Luis Alvise Pérez habló de una de sus promesas electorales: donar cada mes sus algo más de 8.000 euros netos de sueldo como eurodiputado por su propia formación política Se acabó la fiesta.
"Y el sorteo qué pasa con el? La pagina del sorteo dejó de funcionar hace tiempo y no se qu´é pasa o que si ya no sortea más o hay que volverse a inscribir en otra pagina o qué", han escrito en su canal de Telegram algunos de sus seguidores.
Mientras que en Bruselas el grupo de Giorgia Meloni le aísla, los líos crecen a nivel judicial en España. El Tribunal Supremo (TS) ha acordado abrir una tercera causa penal contra el eurodiputado Alvise Pérez; esta vez, por los mensajes que difundió a través de su cuenta de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, al entender que pudo haber actuado con "intención voluntaria y consciente de comprometer" la vida de la representante del Ministerio Público.
La Sala de lo Penal ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de esta investigación, la tercera que abre el alto tribunal contra el eurodiputado después de que el pasado abril acordara investigarle por presunta financiación ilegal y por haber presuntamente difundido una PCR falsa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
La decisión llega tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valencia, que inicialmente abrió las diligencias. Uno de los mensajes compartidos en el canal de Telegram hacía referencia a un supuesto “organigrama de las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'”. En ese contexto, se instaba a identificar a varios fiscales, incluyendo a la denunciante, a la que se acusaba de “haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas”.
Llamamiento a la persecución digital
El auto del Supremo, de 11 folios, señala que 'Alvise' difundió la imagen de la fiscal Gisbert, generando una ola de mensajes amenazantes e insultantes en redes sociales. Aunque el eurodiputado no emitió directamente amenazas ni injurias, el tribunal considera que permitió y alentó un entorno hostil que alteró la vida cotidiana de la denunciante y de su familia.
“Su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal (...), muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”, afirma el Supremo.
El tribunal también destaca que 'Alvise' permitió la difusión de los perfiles personales de la fiscal en redes como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, donde comenzaron a llegar amenazas e insultos. Esta actuación, según los magistrados, podría encajar en el delito de acoso, conocido como stalking.
Eurodiputado y administrador del canal
Aunque no se ha identificado a los autores de los comentarios vertidos en el canal de Telegram Alvise Pérez Chat, la policía sí ha podido confirmar que el propio eurodiputado figura como administrador del canal, lo que refuerza la conexión directa con la difusión de los mensajes objeto de la denuncia.
El Supremo señala que, al estar aforado por su condición de eurodiputado, corresponde a este tribunal asumir la investigación penal. Por ello, continuará las diligencias iniciadas por el juzgado valenciano para determinar la posible responsabilidad criminal del político.
La denuncia de la fiscal Gisbert documenta cómo los mensajes difundidos por 'Alvise' en 2024 desencadenaron un acoso digital prolongado, con mensajes reiterados que han afectado tanto a su entorno laboral como personal.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de tensión en redes sociales, donde ciertos discursos han derivado en campañas de señalamiento personal que podrían vulnerar los límites de la libertad de expresión y constituir delitos penales.
El proceso judicial ahora sigue su curso en el Supremo, que deberá evaluar si existen pruebas suficientes para imputar formalmente a 'Alvise' Pérez por su papel en los hechos denunciados.