Aunque de puertas para afuera todo son disputas, de puertas para adentro también hay negociaciones y acuerdos. En algunas ocasiones, como fue el caso del Impuesto a las Grandes Fortunas, Junta de Andalucía y Gobierno de España acabaron en el Tribunal Constitucional. En otras, como con la Ley del Suelo o, incluso, Doñana, el diálogo llegó a buen puerto y evitó males mayores.
Este segundo camino se ha impuesto otra vez en la relación entre Gobierno de España y Junta de Andalucía. Ambas administraciones han cerrado un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma sobre la interpretación y alcance de tres artículos y dos disposiciones de la Ley andaluza de Economía Circular que permite evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC).
Este pacto se logró el pasado 8 de enero con las firmas del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. En concreto han podido solucionar las discrepancias que había sobre los artículos 17, 29 y 52, así como a la disposición transitoria primera y la disposición final segunda de dicha ley.
El artículo 17 de la ley tiene que ver con la "gestión de bienes no vendidos", y establece, entre otros asuntos, que "los sectores productivos de la economía andaluza reducirán, en la medida de lo posible, los bienes no vendidos destinados a su eliminación, priorizando otros destinos, especialmente en el caso de los productos clave, sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable".
Por su parte, el artículo 29 se centra en la "gestión circular de los residuos municipales", y en él se determina que "los objetivos en materia de gestión de residuos municipales establecidos en la normativa vigente, y en concreto en la presente Ley, se deberán cumplir de forma independiente, por cada entidad local de Andalucía, salvo aquellos objetivos específicos en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto, que se cumplirán en los términos previstos en la normativa básica estatal".
De igual modo, el artículo 52 que también se cita en este acuerdo entre el Gobierno y la Junta para iniciar negociaciones tiene que ver con la "reducción del desperdicio alimentario", al respecto de lo cual se recoge en esta ley que "se establece como objetivo una reducción de la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación y la fabricación, la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y servicios alimentarios, así como en los hogares, como contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para reducir en un 50% los residuos alimentarios per cápita a escala mundial, en el plano de la venta minorista y de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030".
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