El Congreso ha sacado adelante algunas de las medidas que más prisa corrían para el Gobierno pero se pierde, y parece que definitivamente, una de corte social. Por un lado, ha salido adelante el decreto ley en favor de las víctimas y familias del accidente de Adamuz y de Gelida. Las familias de los fallecidos recibirán 216.000 euros y los heridos con lesiones más graves, 252.000. El texto fue convalidado con 349 votos a favor y uno en contra, el de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que votó en contra por error. El debate estuvo marcado por el respeto y la solidaridad de todos los grupos hacia las víctimas. La norma salió adelante sin fisuras políticas, más allá de ese voto aislado.
Igualmente, el Congreso aprobó, a la segunda, la revalorización de las pensiones para 2026. El decreto, separado del anterior paquete ‘ómnibus’, garantiza un incremento general del 2,7%, en línea con el IPC medio. Solo Vox votó en contra. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, defendió que se trata de “una medida trascendental que afecta directamente al bienestar y a la seguridad económica de millones de personas” y subrayó que actualizar las pensiones conforme al IPC “es un derecho” que garantiza “la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores”.Las pensiones mínimas subirán un 7% y hasta un 11,4% en los casos con cónyuge a cargo y viudedad con cargas familiares. Con ello, más de 9,4 millones de pensionistas verán reforzado su poder adquisitivo.
El escudo social y otras medidas, para atrás
Sin embargo, la otra pñarte de ese decreto ómnibus, la que ha quedado desgajada de la subida de pensiones, ha decaído y parece que sería definitivamente. Es una parte del llamado escudo social. PP, Vox y Junts lo tumbaron.
El decreto que ha decaído contemplaba un tope a las subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia o catástrofe, como el accidente ferroviario de Adamuz o la dana de Valencia. También establecía una limitación temporal de precios en contextos extraordinarios, obligando a fijar una fecha concreta de inicio y fin de la medida, así como los bienes o servicios afectados y la referencia específica para aplicar ese límite. Además, prohibía que, en plena emergencia, el importe de un producto o servicio superara el máximo registrado en los 30 días naturales anteriores al inicio de esa situación excepcional.
La norma incluía igualmente un mecanismo para que el Gobierno pudiera activar controles específicos en servicios esenciales, como el transporte, el alquiler de vehículos o los vuelos, cuando se detectaran abusos. Junto a ello, el texto mantenía el denominado escudo social, con medidas de protección para colectivos vulnerables, y contemplaba la prórroga de la moratoria antidesahucios, destinada a impedir que familias en situación de vulnerabilidad fueran desalojadas sin alternativa habitacional.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, pidió apoyo para “poner coto” a prácticas de “multinacionales carroñeras” y advirtió que, si se repiten abusos, “cada uno de esos abusos llevará la firma, el nombre y el apellido, de quienes hoy voten en contra”. Tras la votación, fue más duro: “No son patriotas, son unos vendepatrias”. Las derechas acusaron al Ejecutivo de “intervencionista”. Junts recordó al Gobierno que “no tiene mayoría parlamentaria”. El resultado deja en el aire el blindaje frente a desahucios y los límites a precios en futuras catástrofes.