El Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos planea la aprobación de los Presupuestos de 2019 para este próximo jueves. Las cuentas para este año ascienden a 36.465 millones de euros, un 5% más que en el año anterior, lo que en términos absolutos suponen 1.700 millones de euros más, unas cifras que ya son definitivas.
Con el fin de sacar adelante el nuevo Presupuesto, el Gobierno andaluz ha cumplido las promesas realizadas con la formación ultraderechista Vox. Otra de las novedades que ha puesto en marcha el Ejecutivo ha sido la admisión de las enmiendas de todos los partidos políticos, un hecho que no sucedió en el Gobierno del PSOE-A.
Las cuentas públicas llevan más de un mes debatiéndose en la comisión de Hacienda del Parlamento andaluz que ya ha emitido un dictamen que se convertirá en ley para todos los andaluces. Un dictamen que contiene grandes diferencias con respecto al borrador inicial que presentó el Gobierno de PP y Cs y que han sido añadidas con las aportaciones de los grupos políticos.
Los cambios afectan, sobre todo, a la gestión de las subvenciones, de la administración paralela y al control del personal de la Junta de Andalucía. Por ello, Vox ha conseguido que todas las concejalías deban tener aprobado, en el plazo máximo de seis meses, un plan estratégico para las subvenciones y ayudas que entregan cada una de ellas en sus respectivos ámbitos. Estas ayudas se entregaran siguiendo dos requisitos: una justificación objetiva de los fines de utilidad pública y social y una demostración de que los beneficiarios de la misma aportan un valor añadido a la consecución de esta utilidad. Cabe recordar que Vox quería eliminar las subvenciones económicas para los colectivos LGTBI y a las asociaciones que luchan contra la violencia de género.
El presidente Juanma Moreno, en el Parlamento Andaluz. FOTO: JUNTA
Otra de las propuestas llevadas a cabo y propuestas por Vox son cambios en el personal de la administración. Contratar personal laboral en la Junta se limitará a casos excepcionales, y el personal directivo de las agencias públicas deberán ser seleccionados exclusivamente por comités calificadores compuestos por personal procedente de la consejería y del ente que corresponda. El candidato deberá justificar el mérito, la capacidad y la idoneidad.
Asimismo, la formación ultraderechista pone límites a las transferencias de financiación de la Junta a la administración paralela. Y se ha decidido que si esta financiación afecta al 10% de su presupuesto deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno.
A estas medidas de control se le suman la obligatoriedad de realizar una auditoría privada de todo el sector público instrumental en un plazo de hasta dos años de duración. Además, el Gobierno andaluz deberá hacer un plan de reordenación de este sector público en el plazo máximo de un año.
Junto a Vox el partido que más control y transparencia reclama al nuevo Gobierno es Adelante Andalucía. Por ello, se harán públicas las tablas de los estados de ingresos y gastos de toda las agencias administrativas y de régimen especial. Esta información no se hacía pública hasta la fecha. Junto a la tabla de ingresos y gastos se harán públicos los anexos de personal que trabaja en todas las consejerías, agencias, empresas o fundaciones dependientes de la Junta.
La creación de entidades privadas o la transmisión de participaciones a las mismas por parte de la Junta, también deberán ser comunicadas al Parlamento de manera obligatoria.
Otra de las enmiendas más llamativas es el aumento de control de la Cámara autonómica sobre el pago de sentencias judiciales. El Parlamento deberá autorizar los acuerdos judiciales o extrajudiciales cuando su cuantía sea superior a los 12 millones de euros y siempre teniendo en cuenta que no se podrán conceder exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda de la Junta de Andalucía.
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