Dos borrascas en el mes de marzo, cuando más lo necesitaba Andalucía, han sido un alivio, agua de mayo -en este caso, marzo-, para el Gobierno andaluz. Porque el mes que cierra invierno e inicia la primavera ha revitalizado los embalses andaluces como no se preveía. Ante un terrible horizonte de restricciones inéditas en casi 30 años para el verano, todo se ha encauzado.
Las políticas del agua en Andalucía han sido materia de polémica y enfrentamiento de la Junta con la oposición en los últimos tiempos. Continuos rifirrafes entre el Gobierno central sobre infraestructuras hídricas, sobre la necesidad de nuevas inversiones, que se unen a la generalizada subida de las tasas del agua en la comunidad. Un aumento de precios donde el PP ha sido protagonistas, por el simple hecho de mantener un fuerte poder local en toda Andalucía.
Y luego está el asunto de Doñana. Si algo alivia en San Telmo estas grandes borrascas es que 2024 se presenta, ahora, como un año más tranquilo en varios asuntos. Primero, en los próximos meses, no se volverá a hablar de la urgencia de los trasvases, muy probablemente. Salvo la provincia de Almería, donde ha llovido menos, no habrá necesidad de fletar barcos con agua. Sí seguirá en marcha el plan de las desaladoras, que va más a largo plazo, pero no existe urgencia. Y al no haber restricciones, tampoco habrá polémicas con la política turística. En la ciudadanía, a medida que hay bajadas de presión, los citados aumentos del recibo del agua y la sombra de que no saldría este verano agua del grifo las 24 horas del día, un asunto como la política turística deja de estar señalada. Se acabó eso de 'me cortan el agua para regar piscinas de hoteles y campos de golf'.
En segundo lugar, la mayor crisis de reputación de la Junta en lo que va de legislatura ha sido el plan para Doñana. Solventado con un acuerdo millonario entre Gobierno central y Gobierno andaluz, habría que ver si ese pacto, fruto de la sensación de urgencia, se celebraría hoy en los mismos términos. Más allá de especulaciones, lo cierto es que no habrá titulares negativos como el de 2023, cuando los rocieros pidieron un desembalse en el Quema, del que no quedaba nada, para la romería. En 2024, ese asunto se acabó.
Por todo ello, la Junta puede respirar con el agua y lo hará durante los próximos meses. Su mejor aliado, entonces, ha sido Nelson, el nombre de la borrasca que ha empapado la Semana Santa. Y es la mejor noticia en medio de dos graves crisis que planean sobre la Junta.
Este miércoles aterrizaba en España Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol. La Junta, como es sabido, retiró fondos que estaban previstos para las guarderías con el fin de acometer reformas en el estadio de La Cartuja. De esas obras que acabó ejecutando la Federación, cree la Guardia Civil que una trama alrededor de Rubiales se llevó 530.000 euros, según ha adelantado El Correo.
Desde que saltó el escándalo, registro de La Cartuja mediante, la Junta ha insistido en que no tiene nada que ver. Alrededor de 10 millones de euros de los andaluces han ido a parar en los últimos años a las arcas del fútbol español. No a cambio de nada, por supuesto, ya que La Cartuja ha sido sede finales de Copa del Rey -este fin de semana se juega otra-, de partidos de la Selección Española que se celebraron en la pasada Eurocopa y otras participaciones como la Nations League femenina que recientemente también ganó España. Más allá del proyecto fallido de Rubiales de tener su propio estadio de titularidad de la Federación, La Cartuja ha sido espacio predilecto para el ente federativo.
Y junto a esa crisis, la del viceconsejero de Salud, que ha abandonado la Consejería para desembarcar en Asisa. eldiario.es revelaba que han sido hasta 44 millones los que se han facturado a la aseguradora, titular de clínicas y hospitales en Andalucía. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha asegurado que el asunto no tiene "polémica política". "Si cumple la Ley, es compatible, y si no la cumple, es incompatible". La consejera, Catalina García, ha asegurado de nuevo que estudiarán el caso y que la Junta "actuará en consecuencia" si hay incompatibilidad, pero que no quiere emitir de forma precipitada una condena pública. Y que no sabía nada, subrayando que se ha enterado del fichaje "por los medios", porque "no hubo comunicación previa".
Con ello, el número 2 de la Junta y la máxima responsable política del SAS señalan, de una forma u otra, que se trata de una cuestión burocrática. Pero el fichaje de Miguel Ángel Guzmán por la sanidad privada ya ha llegado a la Oficina Antifraude, adonde ha acudido el PSOE para poner en marcha un procedimiento en favor de la transparencia.
Existe riesgo de incompatibilidad según la propia legislación andaluza, que habla de dos años en los que un cargo público no puede trabajar para una empresa sobre la que tomó decisiones. Adelante Andalucía incluso sugiere que llevará el caso a los tribunales, y Por Andalucía habla directamente de "corrupción" y "desprecio a la legalidad vigente". Hace tres meses solamente que Guzmán dejó el cargo. Pero más allá de si efectivamente, se trata de una incompatibilidad, lo cierto es que el asunto sí tiene trascendencia política. Por la propia crítica de la oposición, y porque aunque fuera legal, el asunto no es, como poco, 'estético'.
El PSOE va más allá y ahora habla de más posibles irregularidades en sanidad y en educación: "Un patrón de comportamiento, un modus operandi", decía la socialista Ángeles Ferriz, "una pieza más en la macrocausa de Moreno Bonilla". La Junta lleva tiempo insistiendo, especialmente una vez superada la crisis sanitaria de 2020, que el SAS está mejor dotado que hace cinco años, cuando llegaron al poder.
El Gobierno central ha entrado también en el asunto. Mónica García, ministra de Sanidad y miembro de Más Madrid, señalaba: "Otro triángulo amoroso entre el Partido Popular y una aseguradora privada, qué casualidad, ¿no? Contratos de emergencia que acaban en aseguradoras privadas y casualmente la persona que los otorga o que los da, pues acaba en esa aseguradora privada". García ha hablado de "una puerta giratoria de libro".
No parece nada claro que ambas polémicas se resuelvan en el corto plazo. El asunto de Rubiales llegará, presumiblemente, a los tribunales. Y la crisis del viceconsejero tiene varios finales posibles: que Guzmán renuncie a fichar por Asisa, que la Junta asuma que exista incompatibilidad e impida el nombramiento, o que legalmente se sostenga que no hubo incompatibilidad, lo que abriría la puerta a reclamaciones de la oposición. Eso sí, pase lo que pase, en el Parlamento se hablará de ambos asuntos en el futuro. Quizás un poco menos del agua. Gracias a Nelson, el mejor aliado de la Junta.
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