Sevilla ya tiene 'línea directa' con los Balcanes: unas galletas tematizadas dan la bienvenida a los primeros serbios llegados a la ciudad 
El crimen de San Jacinto se juzgará dos años después: 15 puñaladas al grito de "quien me la hace, la paga" en la noche de Halloween 
El PSOE denuncia que la Junta deja 1.600 millones de euros en vivienda sin ejecutar y Vox dice que la solución es deportar migrantes 
Dos pilotos acaban ensangrentados tras un apuñalamiento en pleno vuelo a Tel Aviv: Israel investiga si se intentó secuestrar el avión para un '11-S' 
Fallece el sacerdote marianista José María Osborne Isasi 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la Junta, uno de los primeros proyectos más ambiciosos de Vox desde la llegada a la Junta a comienzos de julio, y que pone de facto bajo revisión miles de normas y procedimientos de la Administración autonómica. El vicepresidente segundo, Manuel Gavira, ha sido el encargado de presentar este miércoles un plan que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y que parte de una cifra considerable: el inventario histórico de la Junta recoge 16.460 disposiciones desde el comienzo de la autonomía y, de ellas, 10.682 siguen figurando como vigentes. No significa que vayan a desaparecer, pero sí que se van a analizar. Un trabajo ingente por cantidad pero también por su complejidad. Cambiar una norma a veces requiere de trámites enormes, revisiones en comisiones, consultas a expertos, etc.
Ahora, el horizonte es simplificar al máximo la administración. Una norma dentro del catálogo más liberal de Vox, que no en vano viene de haber traído a Madrid a uno de los economistas de cabecera de los liberales, Arthur Laffer, con quien estuvo Gavira en unas charlas en el Congreso. Es el autor de la máxima de que a menudo, a menos impuestos, más recaudación, por activarse la economía gracias al incentivo de reducir cargas fiscales. Por ahí, por intentar reducir cargas también burocráticas, va a definir parte de su presencia en la Junta el partido. La desregulación es una de las materias de la macroconsejería de Gavira. Y parece que el fin era este: desregular, eliminar leyes que duplican o se contradicen entre sí, y hacer la vida más fácil a los ciudadanos, especialmente los autónomos. En lugar de ventanilla única -el sistema por el que las administraciones de PP y PSOE en estos pasados años tratan de reducir pasos en la burocracia-, la clave está en que haya menos leyes y en que tengan que hacer menos papeleos, presentar menos exigencias dentro de los trámites, o eliminar procedimientos.
La primera fase concreta del plan de la Junta es el análisis de 461 normas, 377 procedimientos administrativos y otros 946 trámites incluidos en el catálogo de procedimientos y servicios. La intención, ha especificado Gavira, es detectar regulación obsoleta o redundante, eliminar requisitos que ya no tengan utilidad, reducir documentación y acortar tiempos de espera. "Consiste, básicamente, en revisar todas las normas y todos los procedimientos existentes en la normativa de la Junta de Andalucía".
Así ha explicado Gavira que el planteamiento pasa por revisar la regulación existente en prácticamente todas sus vertientes. "Vamos a reducir el número de normas y vamos a eliminar las obsoletas y, por supuesto, las innecesarias". También se pretende mejorar la calidad de las normas, hacerlas más accesibles y rediseñar procedimientos administrativos para disminuir trámites, requisitos y plazos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un plan para eliminar normas inútiles, acortar plazos y dejar de pedir a los andaluces papeles que la Administración ya tiene.
— Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) September 30, 2026
Queremos una Administración que esté al lado del ciudadano y no enfrente, que facilite en lugar de poner… pic.twitter.com/Z81D6s8I7F
El proceso afectará a todas las consejerías. La Junta quiere además homogeneizar criterios dentro de la propia Administración y acompañará el plan de un "buzón de desregulación", anunciado anteriormente por el vicepresidente, a través del cual los ciudadanos podrán trasladar las dificultades administrativas que encuentran. "Hablamos del buzón de desregulación, donde los andaluces van a poder decir la burocracia que padecen todos los días".
Las 461 normas bajo la lupa
La primera gran cifra del plan son 461 normas detectadas, una media de 33 por consejería. El Gobierno andaluz buscará entre ellas disposiciones obsoletas, redundantes, que hayan perdido su objeto o que continúen formalmente vigentes pese a carecer ya de aplicación efectiva. "Y, por supuesto, vamos a avanzar en la derogación de esa normativa".
En derecho no es extraño que haya normas que oficialmente continúen vigentes pero que por aprobación de otras posteriores o de mayor rango, éstas queden inservibles. Son papeles ya intrascendentes para la administración pero que están ahí oficialmente porque un día aparecieron en el BOE o en el BOJA. A veces no como ley, sino como reglamento, orden interna, etc. No supone que las 461 normas señaladas inicialmente vayan necesariamente a ser derogadas. Primero serán estudiadas y después se decidirá cómo actuar en cada caso atendiendo, insistió, a la seguridad jurídica.
También se revisará normativa plenamente vigente. "No tendría sentido que solo nos dedicásemos a las normas que a lo mejor ya se encuentran obsoletas, aunque estén vigentes dentro del ordenamiento jurídico en Andalucía".
La fotografía de partida la aportó el propio vicepresidente: "El inventario histórico de la Junta de Andalucía, desde el comienzo de la autonomía, habla de 16.460 normas, de las cuales siguen vigentes 10.682". Para Gavira, la revisión responde a una premisa: "Una administración más sencilla empieza por limpiar su propia normativa".
Menos documentos y plazos más cortos
El segundo bloque llegará inicialmente a 377 procedimientos administrativos, unos 26 por consejería. Aquí la Junta estudiará de qué manera se tramitan, qué documentación se exige y qué cargas soportan tanto ciudadanos como empresas. La revisión incluirá la posibilidad de reducir documentos, requisitos, informes y plazos. "Debemos de reducir la aportación de datos y documentos que ya está en poder de la administración", sostuvo Gavira. O sea, algo que a ojos del ciudadano es claramente insostenible: que te pidan un papel en la Junta que en realidad emite la propia Junta. Sea otro departamento o no, para qué pedir certificados que en realidad otorga la propia administración.
Otro paso importante es que también se analizará si determinadas autorizaciones pueden sustituirse por declaraciones responsables o comunicaciones. La filosofía planteada por el vicepresidente es que "si una norma no sirve, se elimina. Si un documento no es necesario, pues no se pide. Y si un trámite puede resolverse rápido, pues no hay razón de que el andaluz tenga que esperar".
Uno de los puntos más concretos afecta al silencio administrativo negativo. En la actualidad, hay procedimientos en los que la administración está obligada a responder en un determinado tiempo. Según se especifique en cada norma, si no hay respuesta, a veces significa que sí se permite la petición del ciudadano; en otros casos, no. Por ejemplo, si un ciudadano pide una beca de estudios y no se contesta en un tiempo determinado, se sobreentiende que ese silencio es negativo porque si no un parón de tiempo por cualquier circunstancia -hasta una baja de un funcionario a veces ralentiza un servicio-, significaría un desembolso económico. Lo mismo con petición de licencia para construir, por ejemplo.
Ahora, la Junta revisará especialmente las autorizaciones para estudiar si ese silencio puede pasar de desestimatorio a positivo. Cuando tenga que mantenerse en negativo, las consejerías deberán justificarlo por motivos de "interés general, necesidad y, por supuesto, proporcionalidad".
Inteligencia artificial para revisar miles de disposiciones
El volumen de normativa llevó durante el turno de preguntas a plantear cómo se realizará materialmente esta revisión. Gavira descartó que el trabajo consista en una comprobación manual norma a norma. La Junta recurrirá también a herramientas tecnológicas. "Existen unos mecanismos bastante informáticos, inteligencia artificial incluida que nos permiten analizar eso", explicó el vicepresidente, aunque puntualizó inmediatamente que "en cualquier caso hay profesionales que se encargan de esa revisión". El trabajo corresponderá al personal de las consejerías y afectará transversalmente a toda la Administración autonómica.
Por ahora tampoco está decidido si las futuras modificaciones se articularán mediante una única norma de simplificación, diferentes decretos o cambios individualizados. "Hay que verlo caso a caso", respondió Gavira al ser preguntado por el instrumento jurídico que se empleará.
Casi 950 trámites y un segundo plan después de 2027
El tercer gran bloque afectará a 946 procedimientos. La Junta revisará si la información publicada en su catálogo está actualizada para que ciudadanos, autónomos y empresas encuentren los requisitos correctos, los documentos realmente necesarios y los plazos aplicables cuando inicien una gestión administrativa. "Y vamos a medir los resultados con datos, ¿eh? No con declaraciones, con datos", afirmó Gavira. El seguimiento comprobará cuántas normas se depuran, cuántos procedimientos son simplificados, cuántas cargas desaparecen y qué plazos se reducen.
El plan irá aplicándose durante 2026 y 2027 y tendrá continuidad. Gavira ha confirmado que, una vez agotado este periodo, llegará un segundo plan de calidad y simplificación normativa. La desregulación, insistió, no implicará eliminar las garantías de los administrados. "Simplificar, desregular, no significa perder garantías, no significa eso, no es sinónimo de eso". Y cerró la idea con otra formulación: "No se trata de quitar garantías, se trata de quitar obstáculos innecesarios".
El Consejo de Gobierno ha aprobado el primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la Junta, uno de los primeros proyectos más ambiciosos de Vox desde la llegada a la Junta a comienzos de julio, y que pone de facto bajo revisión miles de normas y procedimientos de la Administración autonómica. El vicepresidente segundo, Manuel Gavira, ha sido el encargado de presentar este miércoles un plan que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y que parte de una cifra considerable: el inventario histórico de la Junta recoge 16.460 disposiciones desde el comienzo de la autonomía y, de ellas, 10.682 siguen figurando como vigentes. No significa que vayan a desaparecer, pero sí que se van a analizar. Un trabajo ingente por cantidad pero también por su complejidad. Cambiar una norma a veces requiere de trámites enormes, revisiones en comisiones, consultas a expertos, etc.
Ahora, el horizonte es simplificar al máximo la administración. Una norma dentro del catálogo más liberal de Vox, que no en vano viene de haber traído a Madrid a uno de los economistas de cabecera de los liberales, Arthur Laffer, con quien estuvo Gavira en unas charlas en el Congreso. Es el autor de la máxima de que a menudo, a menos impuestos, más recaudación, por activarse la economía gracias al incentivo de reducir cargas fiscales. Por ahí, por intentar reducir cargas también burocráticas, va a definir parte de su presencia en la Junta el partido. La desregulación es una de las materias de la macroconsejería de Gavira. Y parece que el fin era este: desregular, eliminar leyes que duplican o se contradicen entre sí, y hacer la vida más fácil a los ciudadanos, especialmente los autónomos. En lugar de ventanilla única -el sistema por el que las administraciones de PP y PSOE en estos pasados años tratan de reducir pasos en la burocracia-, la clave está en que haya menos leyes y en que tengan que hacer menos papeleos, presentar menos exigencias dentro de los trámites, o eliminar procedimientos.
La primera fase concreta del plan de la Junta es el análisis de 461 normas, 377 procedimientos administrativos y otros 946 trámites incluidos en el catálogo de procedimientos y servicios. La intención, ha especificado Gavira, es detectar regulación obsoleta o redundante, eliminar requisitos que ya no tengan utilidad, reducir documentación y acortar tiempos de espera. "Consiste, básicamente, en revisar todas las normas y todos los procedimientos existentes en la normativa de la Junta de Andalucía".
Así ha explicado Gavira que el planteamiento pasa por revisar la regulación existente en prácticamente todas sus vertientes. "Vamos a reducir el número de normas y vamos a eliminar las obsoletas y, por supuesto, las innecesarias". También se pretende mejorar la calidad de las normas, hacerlas más accesibles y rediseñar procedimientos administrativos para disminuir trámites, requisitos y plazos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un plan para eliminar normas inútiles, acortar plazos y dejar de pedir a los andaluces papeles que la Administración ya tiene.
— Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) September 30, 2026
Queremos una Administración que esté al lado del ciudadano y no enfrente, que facilite en lugar de poner… pic.twitter.com/Z81D6s8I7F
El proceso afectará a todas las consejerías. La Junta quiere además homogeneizar criterios dentro de la propia Administración y acompañará el plan de un "buzón de desregulación", anunciado anteriormente por el vicepresidente, a través del cual los ciudadanos podrán trasladar las dificultades administrativas que encuentran. "Hablamos del buzón de desregulación, donde los andaluces van a poder decir la burocracia que padecen todos los días".
Las 461 normas bajo la lupa
La primera gran cifra del plan son 461 normas detectadas, una media de 33 por consejería. El Gobierno andaluz buscará entre ellas disposiciones obsoletas, redundantes, que hayan perdido su objeto o que continúen formalmente vigentes pese a carecer ya de aplicación efectiva. "Y, por supuesto, vamos a avanzar en la derogación de esa normativa".
En derecho no es extraño que haya normas que oficialmente continúen vigentes pero que por aprobación de otras posteriores o de mayor rango, éstas queden inservibles. Son papeles ya intrascendentes para la administración pero que están ahí oficialmente porque un día aparecieron en el BOE o en el BOJA. A veces no como ley, sino como reglamento, orden interna, etc. No supone que las 461 normas señaladas inicialmente vayan necesariamente a ser derogadas. Primero serán estudiadas y después se decidirá cómo actuar en cada caso atendiendo, insistió, a la seguridad jurídica.
También se revisará normativa plenamente vigente. "No tendría sentido que solo nos dedicásemos a las normas que a lo mejor ya se encuentran obsoletas, aunque estén vigentes dentro del ordenamiento jurídico en Andalucía".
La fotografía de partida la aportó el propio vicepresidente: "El inventario histórico de la Junta de Andalucía, desde el comienzo de la autonomía, habla de 16.460 normas, de las cuales siguen vigentes 10.682". Para Gavira, la revisión responde a una premisa: "Una administración más sencilla empieza por limpiar su propia normativa".
Menos documentos y plazos más cortos
El segundo bloque llegará inicialmente a 377 procedimientos administrativos, unos 26 por consejería. Aquí la Junta estudiará de qué manera se tramitan, qué documentación se exige y qué cargas soportan tanto ciudadanos como empresas. La revisión incluirá la posibilidad de reducir documentos, requisitos, informes y plazos. "Debemos de reducir la aportación de datos y documentos que ya está en poder de la administración", sostuvo Gavira. O sea, algo que a ojos del ciudadano es claramente insostenible: que te pidan un papel en la Junta que en realidad emite la propia Junta. Sea otro departamento o no, para qué pedir certificados que en realidad otorga la propia administración.
Otro paso importante es que también se analizará si determinadas autorizaciones pueden sustituirse por declaraciones responsables o comunicaciones. La filosofía planteada por el vicepresidente es que "si una norma no sirve, se elimina. Si un documento no es necesario, pues no se pide. Y si un trámite puede resolverse rápido, pues no hay razón de que el andaluz tenga que esperar".
Uno de los puntos más concretos afecta al silencio administrativo negativo. En la actualidad, hay procedimientos en los que la administración está obligada a responder en un determinado tiempo. Según se especifique en cada norma, si no hay respuesta, a veces significa que sí se permite la petición del ciudadano; en otros casos, no. Por ejemplo, si un ciudadano pide una beca de estudios y no se contesta en un tiempo determinado, se sobreentiende que ese silencio es negativo porque si no un parón de tiempo por cualquier circunstancia -hasta una baja de un funcionario a veces ralentiza un servicio-, significaría un desembolso económico. Lo mismo con petición de licencia para construir, por ejemplo.
Ahora, la Junta revisará especialmente las autorizaciones para estudiar si ese silencio puede pasar de desestimatorio a positivo. Cuando tenga que mantenerse en negativo, las consejerías deberán justificarlo por motivos de "interés general, necesidad y, por supuesto, proporcionalidad".
Inteligencia artificial para revisar miles de disposiciones
El volumen de normativa llevó durante el turno de preguntas a plantear cómo se realizará materialmente esta revisión. Gavira descartó que el trabajo consista en una comprobación manual norma a norma. La Junta recurrirá también a herramientas tecnológicas. "Existen unos mecanismos bastante informáticos, inteligencia artificial incluida que nos permiten analizar eso", explicó el vicepresidente, aunque puntualizó inmediatamente que "en cualquier caso hay profesionales que se encargan de esa revisión". El trabajo corresponderá al personal de las consejerías y afectará transversalmente a toda la Administración autonómica.
Por ahora tampoco está decidido si las futuras modificaciones se articularán mediante una única norma de simplificación, diferentes decretos o cambios individualizados. "Hay que verlo caso a caso", respondió Gavira al ser preguntado por el instrumento jurídico que se empleará.
Casi 950 trámites y un segundo plan después de 2027
El tercer gran bloque afectará a 946 procedimientos. La Junta revisará si la información publicada en su catálogo está actualizada para que ciudadanos, autónomos y empresas encuentren los requisitos correctos, los documentos realmente necesarios y los plazos aplicables cuando inicien una gestión administrativa. "Y vamos a medir los resultados con datos, ¿eh? No con declaraciones, con datos", afirmó Gavira. El seguimiento comprobará cuántas normas se depuran, cuántos procedimientos son simplificados, cuántas cargas desaparecen y qué plazos se reducen.
El plan irá aplicándose durante 2026 y 2027 y tendrá continuidad. Gavira ha confirmado que, una vez agotado este periodo, llegará un segundo plan de calidad y simplificación normativa. La desregulación, insistió, no implicará eliminar las garantías de los administrados. "Simplificar, desregular, no significa perder garantías, no significa eso, no es sinónimo de eso". Y cerró la idea con otra formulación: "No se trata de quitar garantías, se trata de quitar obstáculos innecesarios".
COMENTARIOS