La familia de Manuel García Caparrós, el joven malagueño asesinado durante las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, sigue esperando una respuesta sobre lo sucedido. Cada vez que sus hermanas han solicitado la información, el Gobierno se ha amparado en la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante el Franquismo que mantiene clasificados dichos documentos.
Aunque ha habido varios intentos de cambiar la situación, ninguno ha llegado a buen puerto. Ahora, el PNV vuelve a la carga sabiendo que tiene mucho poder en la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo. Esta misma norma la presentaron los nacionalistas vascos hace varios años, pero que quedó enterrada en decenas de prórrogas de enmiendas porque el Gobierno de coalición decía que iba a presentar su propia reforma.
Ahora el PNV busca adelantar los trámites y ha decidido llevar a votación el martes la toma en consideración de la proposición de ley que registró el pasado mes de agosto, nada más arrancar la legislatura.
La idea del PNV es que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.
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