"Nos estamos jugando que nuestros hijos conozcan Doñana y no lo hagan solo por los libros de historia". Así ha terminado su intervención Íñigo Errejón, diputado de Más País, tras preguntarle a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por las medidas que va a llevar a cabo para la protección del Parque Nacional de Doñana. Además, Errejón, previamente, ha incidido en que el PSOE se abstuvo en la votación sobre la legalización de hectáreas de regadíos irregulares.
La ministra ha reivindicado la "acción responsable de las instituciones" y ha acusado de mentir a los tres partidos impulsores de la iniciativa. El líder de Más País, "en cualquier país del mundo un tesoro así estaría protegidísimo" y en España está gravemente amenazado. Según Errejón, esta ley, en el contexto actual, sería "apretar el acelerador" para la destrucción del Parque Nacional y ha puesto como ejemplo la situación del Mar Menor, "es un ecocidio".
Como ha recordado el propio líder de Más País, España se arriesga a multas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, además, supone un perjucio para la imagen exterior de los productos agrícolas españoles, "nos estamos cargando nuestro país". Desde la formación ecologista han pedido el Gobierno que sean tajantes y hagan "todo lo que esté en su mano" para evitar que "maten Doñana". Errejón ha pedido recursos para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, una institución que fue muy dura con la Proposición de Ley presentada en el Parlamento de Andalucía.
Según la ministra, la Unión Europea ha manifestado que está dispuesta a llegar hasta donde sea para frenar esta iniciativa parlamentaria. "No queremos vernos en la situación de Polonia, que no tiene acceso a los fondos europeos de la Unión Europea, algo que probablemente llegaría a España en el caso de Doñana si siguiera adelante esa iniciativa". Sin embargo, para Ribera es imposible que esto llegue a algún lado "salvo que expropien los derechos de los regantes legales" porque "no hay agua".
La ministra ha enumerado varias cuestiones impulsadas desde su departamento como la declaración de masa de agua en riesgo - el acuífero - para crear una comunidad de usarios y permita adoptar medidas excepcionales por consenso para vigilar el cumplimiento de las exigencias legales. Ribera también ha anunciado que está trabajando junto a la Fiscalía para reforzar la inspección y clausurar pozos ilegales o el desarrollo de obras hidráulicas para usar agua superficial para frenar el uso de las subterráneas. Por último, la ministra socialista ha hecho pública una inversión de 177 millones para el Plan Hidrológico del Guadalquivir que se aprobará en los próximos meses.