José María González, Kichi, exalcalde de Cádiz tendrá que declarar el próximo 24 de junio en sede judicial por un presunto delito de prevaricación. Los hechos se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local llevó a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.
La llegada del asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de gobierno.
Ya son 18 las denuncias al exalcalde y Teresa Rodríguez ha emulado a Pedro Sánchez para defenderlo de esa guerra jurídica tan de moda denominada lawfare."Yo también soy una mujer profundamente enamorada de mi marido que vive con impotencia el fango que sobre él esparcen día sí y día también. 18 causas judicializadas, hasta ahora todas archivadas, pero que han sido un campo de minas durante dos legislaturas", señala.
Adelante Andalucía Cádiz ha realizado un comunicado y afirma que asiste una vez más a "una nueva denuncia, de un total de 18, que responden a esa estrategia de lawfare de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal"
"Cabe poner el foco en que el factor principal a tener en cuenta en esta ocasión es que la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos ex cargos de libre designación del Partido Popular en el equipo de gobierno de Teofila Martínez y Bruno García", añadem.
El partido asegura que en este caso se está juzgando el papel de un asesor externo que "ayudaba al alcalde y sus concejales, y de la que aportamos toda la documentación sobre su contrato externo a través del partido Por Cádiz Sí Se Puede. En este caso se juzgan cosas tan ridículas como su ubicación en el trabajo, que hiciera uso de espacios como el del grupo municipal, situado por aquel entonces en la zona de presidencia del Ayuntamiento por falta de espacio con respecto al resto de grupos, y la dotación de medios materiales que siempre se facilitaron desde el partido: ordenador portátil, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico, etc".
"Así que mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares, trabajadores de la burocracia de los partidos y publicidad institucional para el autobombo nosotras contratamos técnicos cualificados para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional. Porque no hay que olvidar que la contratación externa de este asesor experto, Fernando Acuña, estuvo motivada por un acto de responsabilidad con el Ayuntamiento de Cádiz y con sus vecinos y vecinas. La intención principal del anterior gobierno era hacer las
cosas bien y más fáciles en la ciudad, ese es el supuesto delito".