El recorte que, en plena crisis generalizada, la Junta de Andalucía acometió en la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre se tradujo en un ahorro del 12% en los salarios (350.000 euros por año durante teóricamente dos ejercicios, y en algunos casos llegó al 30% del tajo en las nóminas); en la no cobertura de la plantilla prejubilada que ascendía a 30 personas; en la no cobertura de personal cualificado de cuadra; e incluso en la falta de merchandising para la venta en la tienda. Después de 2013 y 2014, y después de la presión ejercida especialmente por grupos políticos que hoy mandan en el Gobierno andaluz, PP y Cs, la situación se normalizó y la institución recuperó cierto pulso, pero en cambio, la plantilla mantuvo los recortes en sus nóminas, pese a lo firmado.
Para recuperar los salarios y las condiciones laborales tras aquella negociación, los trabajadores y trabajadoras de la Real Escuela, unos 80, se encuentran desde días pasados luchando para que se escuchen sus reivindicaciones. Más si cabe, si se tiene en cuenta que hace casi dos años que se produjo una sentencia en firme que les da la razón: hay que volver a restablecer las nóminas tras los recortes de 2013 y 2014, y lógicamente abonar lo no pagado en los años posteriores. Mari Ángeles Muñoz, miembro del comité de empresa y adscrita a Comisiones Obreras, sostiene que "es de justicia que normalicemos la situación, ya que la empresa tuvo años de crisis como tuvo todo el país y la situación fue la que fue, pero luego volvió a la actividad normal, con apoyos y subvenciones de la Junta de Andalucía de forma normalizada, pero en cambio las nóminas se mantuvieron recortadas".
El próximo 7 de marzo hay prevista una reunión en Sevilla entre el comité y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que preside el vicepresidente Juan Marín (Cs), y que por el momento mantiene al frente de la institución al gerente de la etapa socialista, el jerezano Juan Carlos Camas. "La empresa decidió de forma unilateral mantener estos recortes en el tiempo, lo que obliga a los trabajadores a denunciar la situación, obteniendo varias sentencias favorables que la empresa, usando recursos públicos, se niega a ejecutar dilatando en el tiempo un acto de justicia para los trabajadores", han lamentado desde CCOO. Igualmente, confirma Muñoz, "en un intento de simular la ejecución de la sentencia se aplicó el salario de 2012 sin aplicar las subidas por ley de 2016, 2017 y 2018".
El sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cádiz interpela a la normalización de las relaciones entre la plantilla y la dirección de la Fundación para que "acabe la paralización y judicialización de todos los temas que requieran negociación para el desarrollo de la labor diaria de estos trabajadores". Pero como advierte la miembro del comité, "estos últimos años no hemos llegado a acuerdo en lo que es la negociación diaria, en los problemas que van surgiendo, no hay ambiente de diálogo ni de negociación".
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