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La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado uno de los dos decretos del Gobierno sobre vivienda y ha rechazado el otro en una votación decidida por un solo voto en ambos casos. El primer texto salió adelante con 35 votos a favor y 34 en contra, mientras que el segundo cayó por 34 votos favorables y 35 negativos. PSOE, Sumar y sus aliados respaldaron las dos normas. PP, Vox, UPN y Junts votaron en contra de ambas, mientras que el PNV rechazó el segundo decreto, que incluía la prórroga automática de los contratos de alquiler.
La norma que sí ha superado la votación establece una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que terminen hasta el 31 de diciembre de 2028, manteniendo la misma renta. También introduce límites para las actualizaciones anuales hasta finales de 2027. El alquiler deberá congelarse cuando la renta que abona el inquilino supere determinados valores del Sistema Estatal de Referencia y, en otros casos, la subida máxima quedará fijada en el 2%.
El decreto mantiene además restricciones a los desahucios de personas vulnerables hasta finales de 2030 e incorpora nuevas condiciones para los alquileres de temporada y turísticos. Para estos últimos se contempla un IVA del 10%. El paquete añade cambios fiscales en el IRPF para propietarios e inquilinos y medidas relacionadas con la compra de vivienda. Entre ellas aparecen préstamos del ICO de hasta 50.000 euros sin intereses ni comisiones para adquirir una primera vivienda habitual.
También se incluyen nuevas líneas de avales públicos de hasta 2.000 millones de euros para vivienda social o asequible, otros 280 millones destinados a construcción industrializada y una rebaja del IVA del 10% al 4% para determinadas viviendas de promoción pública o con protección permanente.
El segundo decreto no supera la votación
El texto rechazado planteaba que los contratos pudieran prorrogarse automáticamente una vez agotado su periodo inicial, salvo en determinadas circunstancias que permitieran al propietario recuperar la vivienda. La sesión estuvo marcada por el contexto electoral y por la huelga general celebrada el día anterior. Los ministros Pablo Bustinduy e Isabel Rodríguez defendieron las medidas, mientras PP, Vox y Junts cuestionaron la política de vivienda del Ejecutivo.
La votación terminó así con un decreto aprobado por 35 votos frente a 34 y otro rechazado por 34 votos a favor y 35 en contra.
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