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La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo este jueves medidas de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas dentro de unas diligencias abiertas por un presunto delito de fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas antimaltrato. La investigación afecta a fondos empleados para adquirir dispositivos destinados a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas dictadas por delitos de violencia de género.
Según la Fiscalía Europea, las pesquisas comenzaron el pasado año y cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Por ahora, no habrá más información. La EPPO ha señalado que no facilitará detalles adicionales sobre el estado de la investigación.
Un sistema que ya había registrado incidencias
Las nuevas diligencias llegan después de que el funcionamiento de las pulseras telemáticas haya estado sometido a problemas y críticas durante los últimos meses. En noviembre de 2025, el Sistema Cometa registró una incidencia que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas. El origen del problema fue identificado entonces en un enrutador encargado de distribuir mensajes, con incidencias en alrededor del 10% de ellos.
Meses después, en marzo de 2026, la Asociación de Mujeres La Volaera denunció "graves carencias" técnicas y jurídicas en la nueva licitación del servicio. Entre sus objeciones figuraban la ausencia de exigencia de cobertura satelital, la referencia a normativa que consideraba desactualizada y dudas sobre la transición entre empresas adjudicatarias. La investigación conocida ahora se centra específicamente en un posible fraude que afecta a fondos europeos utilizados para la adquisición de las pulseras, sin que la Fiscalía Europea haya proporcionado por el momento más detalles sobre los hechos investigados.
La EPPO es la Fiscalía independiente de la Unión Europea encargada de investigar y ejercer acciones penales por delitos que afecten a los intereses financieros comunitarios.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo este jueves medidas de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas dentro de unas diligencias abiertas por un presunto delito de fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas antimaltrato. La investigación afecta a fondos empleados para adquirir dispositivos destinados a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas dictadas por delitos de violencia de género.
Según la Fiscalía Europea, las pesquisas comenzaron el pasado año y cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Por ahora, no habrá más información. La EPPO ha señalado que no facilitará detalles adicionales sobre el estado de la investigación.
Un sistema que ya había registrado incidencias
Las nuevas diligencias llegan después de que el funcionamiento de las pulseras telemáticas haya estado sometido a problemas y críticas durante los últimos meses. En noviembre de 2025, el Sistema Cometa registró una incidencia que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas. El origen del problema fue identificado entonces en un enrutador encargado de distribuir mensajes, con incidencias en alrededor del 10% de ellos.
Meses después, en marzo de 2026, la Asociación de Mujeres La Volaera denunció "graves carencias" técnicas y jurídicas en la nueva licitación del servicio. Entre sus objeciones figuraban la ausencia de exigencia de cobertura satelital, la referencia a normativa que consideraba desactualizada y dudas sobre la transición entre empresas adjudicatarias. La investigación conocida ahora se centra específicamente en un posible fraude que afecta a fondos europeos utilizados para la adquisición de las pulseras, sin que la Fiscalía Europea haya proporcionado por el momento más detalles sobre los hechos investigados.
La EPPO es la Fiscalía independiente de la Unión Europea encargada de investigar y ejercer acciones penales por delitos que afecten a los intereses financieros comunitarios.
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