Hace unos días se conocían los resultados de la auditoría que la consultora KPMG llevó a cabo sobre la conocida como Administración paralela de la Junta de Andalucía, concretamente, sobre la fundación Andalucía Emprende. Dicha auditoría revelaba la escasa eficacia que presta este organismo, con descontrol de tareas profesionales, sin cuadro de mando o registro de horas, ni un sistema digitalizado de datos. El informe también hacía mención a la coexistencia de otros CADE en la misma zona geográfica e incluso duplicando las funciones.
Igualmente se derivan gastos del alquiler de los ocho locales de los 878 de los que dispone, los cuales se van a medio millón de euros anuales. La auditoría habla de sus 894 trabajadores, que cuestan a las arcas públicas 34,54 millones de euros de los 38,49 que tiene en total de presupuesto.
Según el perfil público del contratante, la Consejería de Empleo ha contratado por 150.000 euros a KPMG para que audite la fundación Andalucía Emprende. Sin embargo, después de meses sin explicar el informe de dicha auditoría, el jueves comparece la consejera en la comisión. Rocío Blanco (Cs), habla de servicio "ineficiente", de alquileres demasiado altos y de posible "reforma profunda".
La consultora, además, también trabaja con el emprendimiento y lleva a cabo labores muy similares a la de Andalucía Emprende. Para acabar de cerrar el círculo, KPMG ha fichado recientemente a María Castilla, anterior jefa de gabinete de Ciudadanos, para su área de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Para la socialista Noelia Ruiz, las intenciones de Blanco en reformar la fundación van acompañadas de satisfacer los deseos de la extrema derecha por acabar con determinados entes públicos. "Tienen un Gobierno débil y necesitan complacer a Vox en la supresión de los entes que Vox ha señalado para que les apoyen los presupuestos". Ruiz insiste en que "la auditoría es una mera excusa" y que la "decisión está tomada" y en ella decide Vox. De hecho, para parlamentaria socialista por Cádiz es incongruente que Blanco se queje del gasto que conlleva la fundación y sus oficinas y en cambio contrate una auditoría.
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