El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha acordado incoar diligencias previas sobre una denuncia contra la Junta de Andalucía por un posible fraccionamiento indebido de contratos menores por valor de 235 millones adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud en las provincia de Cádiz, aunque la denuncia también hace referencia a Huelva, Jaén y Córdoba.
Una denuncia de Podemos ha abierto un nuevo frente judicial en el Gobierno que preside Juanma Moreno por posible malversación. Los morados presentaron el pasado mes de octubre una denuncia contra las actuaciones de la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud durante la pandemia. Podemos señala en su escrito que los contratos mencionados "fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación 'a dedo'".
En concreto, la formación hace referencia a que la Intervención de la Junta detectó un fraccionamiento indebido por valor de 235 millones adjudicados en la provincia de Cádiz, lo que supuso un 23% del total de contrataciones por parte del SAS en la provincia. Podemos añade en su denuncia que ocurrió lo mismo en otras provincias andaluzas. En Huelva señalan que "se adjudicaron" contratos menores por casi 92 millones de euros, algo que supuso el 46% del total de las contrataciones del SAS en la provincia. Esto se repitió en Jaén con 70 millones, un 33% del total y en Córdoba con 61 millones, "el 22% del total".
"La Intervención señala un fraccionamiento masivo de contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas sin seguir los procedimientos legalmente establecidos", alega el escrito presentado por Podemos en los juzgados. La formación pone como ejemplo la firma de múltiples contratos menores con la farmacéutica Pfizer que sumados "alcanzaron cifras millonarias".
La jueza titular del juzgado ha acordado abrir diligencias y ha solicitado a la Intervención de la Junta de Andalucía que informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo. Además, ha dado traslado al Fiscal de delitos económicos para que realice las averiguaciones oportunas.
Raquel Martínez, secretaria general de Andalucía, ha señalado que "es muy grave lo que está pasando con el SAS, sorteando la ley de contratos para dar a dedo millones de euros a empresas de las que ya conocemos los nombres". Este supuesto fraccionamiento, según Podemos, supone "graves consecuencias para el sistea sanitario" por el "despilfarro de dinero"