Parece que el cobro de comisiones millonarias por la intermediación y venta de material sanitario durante la pandemia ha sido algo común. Recientemente ha estallado el caso en el Ayuntamiento de Madrid, pero en Andalucía también han ocurrido situaciones similares. Un juez en Sevilla lleva meses investigando el intento de cobro de una comisión de cinco millones de euros dentro de la negociación de un empresario asturiano con la Junta de Andalucía para la venta de test, según publica Diario de Sevilla.
Este medio señala que los intermediarios solicitaron al empresario asturiano, Félix Guerrero Arias, una factura donde hubiera un incremento de cinco millones de euros con respecto al valor de los productos que se iban a suministrar. Guerrero advirtió a la Junta de esta circunstancia, sin embargo, el Gobierno andaluz no denunció hasta tres meses después del aviso.
Entre los implicados están el gaditano Manuel García Gallardo, fundador de Quality Food, y el que era asesor del jefe de gabinete del consejero de Salud, Guillermo González Pérez, ya que fue destituido tras una investigación interna. Aunque el precio de los maletines con los test era inicialmente de 19 millones de euros, García Gallardo pretendía que el empresario asturiano modificara la oferta hasta los 24 millones. Este último se negó a enviar a la Junta la oferta en dichos términos.
Guerrero Arias contactó con el consejero de Presidencia, Elías Bendiodo, que a principios de mes estaba citado para declarar en calidad de testigo Guerrero y Bendodo, además, son vecinos en Marbella. La Policía, sin embargo, no ve irregularidades en estos contactos. Diaro de Sevilla ha hecho pública una conversación. En la conversación, el empresario asturiano se queja de las cantidades solicitadas y señala al asesor de la consejería de Salud.
Guerrero también se reunió con el viceconsejero, Antonio Sanz, que le anuncia estar investigando los hechos. Sanz también ha tenido que declarar como testigo. En las conversaciones le trasladó al empresario asturiano la intención de trabajar con él en la compra de material sanitario si el precio y la calidad eran adecuados. Sanz manifestó que buscaban una opinión técnica de los productos distinta a la realizada por la gerente del Hospital de Valme, quien los había rechazado por falta de calidad.
El empresario asturiano, que había trasladado la oferta a la Junta, expresó que los intermediarios lo habían presionado asegurando que tenían grandes contactos que incluían a un exministro y a un alto cargo de la Junta. Guerro, después de esto, tiene más reuniones en San Telmo donde afirma que esto sólo es "la punta del iceberg" y que hay altos cargos de la Junta al tanto de las irregularidades. A partir de aquí, la Junta da traslado a la Fiscalía.
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