La Junta de Andalucía quiere dar un paso más en su estrategia de rentabilizar el patrimonio en desuso. Tras ingresar ya 138 millones de euros con las cinco subastas celebradas desde 2019, el Gobierno andaluz lanza ahora la sexta convocatoria con el objetivo de superar los 160 millones en ingresos acumulados.
El Consejo de Gobierno ha conocido este martes los detalles de esta nueva operación, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. La subasta parte con un precio de salida de 22 millones de euros y pondrá a la venta un total de 27 inmuebles repartidos por las ocho provincias andaluzas. Se trata, en su mayoría, de edificios y solares que llevan años sin uso, algunos incluso en estado de abandono.
Entre los ejemplos más llamativos figuran el antiguo IES Rosa Navarro de Olula del Río (Almería), cerrado desde 1997; el inmueble de la calle Álvarez de Castro en la capital almeriense, sin actividad desde 2018; o varias plazas de garaje en Jaén desocupadas desde 2011. También se incluyen solares en Guillena y Osuna, traspasados por el Estado en los años ochenta y nunca aprovechados, y el solar de la avenida de Madrid en Jaén, recibido en 2010 y sin desarrollo desde entonces.
Inmuebles sin uso
El Gobierno andaluz recuerda que hasta 2019 no existía un inventario actualizado del patrimonio autonómico. Desde entonces, se han identificado uno a uno los bienes infrautilizados para sacarlos al mercado, evitando así que siguieran generando costes sin aportar utilidad.
Los resultados de las subastas anteriores avalan la estrategia: en la primera se recaudaron 56,4 millones, gracias a la venta del edificio de Correos y el Palacio de la Tinta en Málaga, además de la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz. La tercera, celebrada en 2022, dejó 53,8 millones tras adjudicar terrenos tan simbólicos como la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara en Sevilla o el Cuartel de Mondragones en Granada. La cuarta y la quinta sumaron otros 7,8 millones con fincas rústicas y villas turísticas cerradas desde hace años.
Ahora, con esta sexta convocatoria, la Junta confía en dar salida a más de dos decenas de inmuebles olvidados y seguir reforzando las arcas públicas. El reto es claro: superar la barrera de los 160 millones.