La Junta de Andalucía ha inciado los trámites para poner en marcha una nueva Estrategia de Integridad Institucional para el periodo 2025-2030. "Desde el Gobierno andaluz queremos reforzar nuestro papel como ejemplo y como referencia de administración transparente, de lucha contra la corrupción y también de regeneración institucional", ha dicho la consejera portavoz, Carolina España, tras la reunión del Consejo de Gobierno de Andalucía.
El objetivo, señala la Junta, es instaurar una cultura de integridad en toda la administración andaluza y en su sector público instrumental. La idea, además, es que su ejemplo sirva de modelo para otras comunidades autónomas, contribuyendo a que Andalucía continúe siendo un referente de regeneración institucional en todo el país.
La iniciativa responde a un compromiso personal del presidente Juanma Moreno, quien al inicio de la actual legislatura anunció su intención de impulsar reformas profundas que conviertan a la Junta en una administración ejemplar. Según destacan desde el Ejecutivo andaluz, la mayoría de los mecanismos obligatorios de control contra la corrupción ya están en funcionamiento, junto con otros voluntarios que refuerzan ese marco preventivo.
"Saben ustedes que esta tierra, precisamente Andalucía, sufrió como ninguna el zarpazo de la corrupción", ha dicho España, en referencia a casos como el de los ERE.
La estrategia no parte de cero. Andalucía ha desplegado en los últimos años un amplio paquete de políticas públicas pioneras en esta materia. Entre ellas, el Marco de Integridad Institucional aprobado en 2020; la Ley de lucha contra el fraude y protección del denunciante, que dio lugar a la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción; el Plan Antifraude para fondos europeos; o el Sistema Interno de Información, aprobado en mayo de 2025.
Colaboración la Oficina contra el Fraude
Además, desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se lideran proyectos como ‘Organizaciones por la Integridad Pública’, en colaboración con la Oficina Antifraude.
El proceso de elaboración de esta nueva hoja de ruta estará coordinado por la Secretaría General para la Administración Pública e incluirá un diagnóstico DAFO, la definición de objetivos estratégicos, un plan de medidas concreto con cronograma y financiación, así como un sistema de gobernanza, evaluación y rendición de cuentas.
El borrador será sometido a información pública y contará con la participación activa de todas las consejerías, además del asesoramiento de expertos y entidades especializadas en integridad institucional. La estrategia se alineará con recomendaciones internacionales como las de la OCDE, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo relativo a la construcción de instituciones sólidas, responsables y transparentes.