La Federación de Servicios Públicos a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-A, ha criticado con dureza la decisión del Gobierno andaluz de licitar por 3 millones de euros otro servicio de consultoría de recursos humanos y asesoramiento legal para diseñar, definir y ejecutar qué hacer con los 27.000 trabajadores y trabajadoras del sector público instrumental de la Junta de Andalucía.
El sindicato denuncia que este tipo de funciones son perfectamente ejecutables por el parte del personal empleado público al servicio de la propia Junta de Andalucía, por lo que sacar esas licitaciones “supone malgastar el dinero público de todos los andaluces y andaluzas para que empresas privadas hagan un trabajo que ya está plenamente analizado desde lo público y desde los propios servicios jurídicos de la Junta”.
CCOO-A recuerda que esta es una “nueva” acción privatizadora del Gobierno andaluz que se suma a auditorías internas y externas en innumerables lotes que ya se han llevado a cabo y que han supuesto tres millones más de gasto y un retraso en la organización de la administración andaluza, con los costes de disminución de eficacia y eficiencia que ello conlleva.
En opinión de la Federación sindical, tras ese “desperdicio de recursos públicos, se esconde el “vergonzoso miedo” del Ejecutivo a afrontar de raíz el problema de los 27.000 empleados y empleadas del sector público instrumental que prestan a diario un servicio esencial en hospitales, dependencia, laboratorios, vivienda social, cultura, albergues, etcétera. “Prefieren esconderse en la sensación de asepsia, que representa licitar externamente la toma de decisiones y no buscar una solución a la gestión de personal necesario en los distintos ámbitos de trabajo cotidiano en la Administración andaluza”.
CCOO-A denuncia así que la Junta de Andalucía “sigue en la senda del vaciamiento de lo público para, con posterioridad, abordar la privatización de servicios; a la vez que incumple acuerdos de mejora del empleo público”. “El Gobierno andaluz solo ha convocado y reunido en una ocasión el grupo de trabajo del sector instrumental, dicha reunión fue meramente protocolaría y no asumió en ningún momento la necesaria encomienda para la que fue creado”, denuncia la Federación.
CCOO-A explica que las decisiones “intencionadas” del Gobierno andaluz han derivado en plantillas públicas no estabilizadas, con derechos laborales reconocidos en todas las instancias jurídicas, incluida la Unión Europea, susceptibles de precariedad y externalización, junto a enormes desigualdades en derechos entre los distintos empleados y empleadas públicos”.
El sindicato ha exigido que se deje de “criminalizar” de una vez a los trabajadores y trabajadoras públicos y se aborden las necesidades del sector y de la ciudadanía, en el marco del diálogo social.
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