El pleno del Parlamento de Andalucía venía 'cargadito' este miércoles. En el centro del foco estaba la votación sobre la proposición de ley para legalizar regadíos en el entorno de Doñana. Sin embargo, como postre todavía quedaba una comparecencia de Carolina España, consejera de Hacienda y Economía.
El objeto era que diera explicaciones sobre los contratos de emergencia otorgados a dedo gracias a la legislación aprobada durante la pandemia. Sin embargo, muchos de estos contratos siguieron dándose una vez que el decreto que lo permitía ya no estaba en vigor. De hecho, actualmente hay algunos que siguen prolongados.
Las primeras informaciones de eldiario.es señalaban que la consejería de Salud había abusado de estos procedimientos. La Junta fue incapaz de ofrecer los motivos de ello ya que desde la propia consejería de Hacienda que entonces dirigía Juan Bravo se envió una circular al resto de departamentos para que dejaran de utilizar estos procedimientos en mayo de 2021.
La polémica provocó que el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, anunciara en una rueda de prensa desde el Palacio de San Telmo que la Junta de Andalucía tenía previsto cambiar los métodos de contratación a partir de junio.
Entonces la polémica se ceñía a sanidad, pero poco después salió a la luz que Fomento también había utilizado estos procedimientos y lo hizo con empresas como Barveal, que recibió contratos públicos de la Junta sin tener experiencia, ni trabajadores.
Ninguna de estas situaciones ha sido aclarada este miércoles por Carolina España. Tampoco ha mostrado intención de que se constituya una comisión de investigación como ha solicitado Adelante Andalucía a cambio de participar en la que existe sobre la Faffe.
España ha defendido la legalidad jurídica de todas las adjudicaciones y ha insistido en que el Gobierno ha "extremado la cautela" en la contratación pública. Sin embargo, no ha aportado ninguna explicación nueva sobre por qué se siguió utilizando estos procedimientos a pesar de que existía un documento de Hacienda que pedía que no se hiciera. La consejera se ha escudado en la transparencia.
"Algo raro ha pasado pero no es función de este Parlamento evaluarlo", decía José Ignacio García, de Adelante sobre las posibles irregularidades legales. El andalucista, eso sí, pedía diluir responsabilidades políticas a través de una comisión de investigación.
Ultimátum del PSOE
Juan Espadas, secretario general del PSOE, ha denunciado que por parte del Gobierno andaluz no se le ha facilitado al Grupo Socialista "ni uno solo de los documentos" o expedientes que han solicitado desde el Parlamento "en relación con las contrataciones a dedo de emergencia a hospitales y especialistas de la sanidad privada", y al respecto ha avisado de que, si "en unos días" el Ejecutivo de Moreno "no remite esta documentación, no nos quedará otra" al PSOE-A que remitir la que tienen a su "alcance" al Tribunal de Cuentas, como ya advirtió.
Espadas ha precisado que la Junta aún tiene hasta los días 4 y 11 del próximo mes de mayo de plazo para remitir esa documentación al Grupo Socialista, pero ha señalado que no parece que haya "mucho interés por la transparencia" por parte del Gobierno andaluz, y ha remarcado que el PSOE-A quiere llevar a cabo "un trabajo serio, riguroso, con toda la documentación que tiene la obligación de dar en este Parlamento el Gobierno al legislativo, y que aún no ha dado" ni sobre los contratos en el ámbito de la sanidad "ni sobre las otras contrataciones a dedo" por parte de la Consejería de Fomento en relación a obras en carreteras de Cádiz, según ha abundado.
"Seguimos sin la documentación, y seguimos pendientes de poder ejercitar nuestro derecho a recurrir o a denunciar ambas situaciones en la sede jurisdiccional que proceda", ha concluido Espadas.
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