La Junta gasta casi 60 millones al año en alquileres pese a que tiene 33 inmuebles propios sin uso

Muchas de las sedes arrendadas tienen contratos de 20 a 25 años, por lo que no pueden rescindirse anticipadamente los alquileres, según respuesta del consejero Juan Bravo a Vox

Interior del edificio TorreTriana, sede de varias consejerías de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo.
Interior del edificio TorreTriana, sede de varias consejerías de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo.

La Junta de Andalucía cuenta con 89 inmuebles como sedes administrativas alquiladas, a las que destina 57,37 millones de euros para el pago del arrendamiento, a los que se suman otras 33 propiedades que son de su propiedad y se encuentran sin uso, según figura en una respuesta parlamentaria del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, a una pregunta de Vox.

El total de sedes administrativas que el Gobierno andaluz traslada a Vox son 291, de las cuales 161 son en propiedad. Sevilla es la provincia con más inmuebles administrativos que pertenecen a la Junta de Andalucía, con 51 edificios, según ha recogido Europa Press.

La respuesta, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) de 10 de marzo, aunque rubrica el consejero de Hacienda con fecha de 25 de septiembre de 2020, responde a diferentes preguntas del parlamentario de Vox, Rodrigo Alonso, quien cuestiona a la Junta de Andalucía por inmuebles de consejerías, delegaciones provinciales y entes adscritos, cuáles son en propiedad y arrendados, el gasto en arrendamiento, las propiedades de la Junta en desuso y la previsión de la Junta de reestructurar inmuebles para ahorrar gastos.

El consejero de Hacienda, que diferencia entre las sedes en propiedad, las arrendadas bajo contrato ordinario y las alquiladas bajo la fórmula sale&leaseback (venta del inmueble y posterior arrendamiento), traslada a Vox que 78 inmuebles se gestionan bajo la fórmula sale&leaseback, que suponen un gasto anual de 42,24 millones de euros.

En la respuesta de Bravo explica que el Gobierno andaluz destina 9,4 millones de euros al Edificio Bermejales en Sevilla, en concepto de "arrendamiento especial de derecho de superficie", mientras que dedica 5,73 millones al alquiler de otros once inmuebles.

El consejero de Hacienda reconoce en su respuesta a Vox, tras indicarle que son 33 los inmuebles en propiedad y sin uso, que la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda requirió en febrero de 2020 a todas las consejerías información para identificar inmuebles vacíos o infrautilizados, "adscritos o cedidos a ellas o a entidades públicas que de ellas dependan". Bravo traslada a Vox que "no es posible ofrecer datos ciertos y completos que se refieran a inmuebles de toda la Junta de Andalucía, incluidos sus entes públicos" hasta tanto "no se completen los datos, se revise y compruebe individualizadamente la situación de hecho de estos inmuebles y se tramite su regularización".

En cuanto a la estrategia del Gobierno andaluz para ahorrar el gasto en alquiler de sedes administrativas, el consejero de Hacienda afirma sobre los contratos de sale&leaseback que "no existe la posibilidad de rescindir estos contratos anticipadamente", supuesto en el que se hallan 78 sedes administrativas, tras explicar que se trata de contratos rubricados "entre los años 2010 y 2014 que comprometen los arrendamientos a largo plazo, entre 20-25 años".

En el caso del resto de contratos, Bravo señala a Vox que "a medida que se aproxima el vencimiento se estudia la posibilidad de trasladar la sede a un edificio en propiedad o en arrendamiento en condiciones económicamente más ventajosas", mientras que ha asegurado que "cuando no se ha encontrado alternativa se ha trabajado en la renegociación de precios para bajar el importe de las rentas", de manera que la Junta ha procedido a "firmar prórrogas por importes notablemente inferiores a los que se venían pagando".

El consejero de Hacienda ha trasladado a Vox que el arrendamiento de cualquier inmueble que acomete el Gobierno andaluz requiere de un informe de la Dirección General de Patrimonio, "que solo se facilita tras haberse comprobado que el precio del arrendamiento se encuentra en mercado y que no existen inmuebles vacíos en propiedad en el municipio que reúnan los requisitos requeridos".

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