La Junta de Andalucía defiende la permanencia del teléfono de violencia intrafamiliar que pactó con Vox durante el primer mandato de Juanma Moreno en el Gobierno andaluz.
"Recibe todo tipo de llamadas, de personas que sufren violencia de género y de casos que no lo son. Una única llamada de cualquier tipo de violencia en la que podamos ayudar, merece la pena", dice la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta, Loles López, que defiende así este instrumento.
"Veo las llamadas que tiene ese teléfono y cómo funciona y toda herramienta que venga a dar una solución a una situación conflictiva, donde las personas lo estén pasando mal, no creo que haya que quitarla", señala López en una entrevista en Europa Press.
Cuenta la consejera que en este teléfono se reciben llamadas de víctimas del "nuevo enemigo", que es como se llama a las agresiones que sufren los padres por parte de sus hijos. "Esto también se nos está disparando. Tiene que ser muy duro, pero que muy duro denunciar a un hijo y tener que recurrir a algún recurso", apunta.
Por lo que dice que "si una sola llamada de las que recibe ese teléfono sirve para salvar una vida o ayudar a familias que están pasándolo mal, merece la pena" mantener el teléfono de violencia intrafamiliar.
1.800 víctimas de violencia doméstica en Andalucía en 2024
Durante el año 2024 se registraron en España un total de 8.860 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares. De ellas, el 60,6% fueron mujeres y el 39,4% hombres. De ellas, el 60,6% fueron mujeres y el 39,4% hombres. En el caso de Andalucía se registraron 1.851 víctimas, de las cuales el 64% fueron mujeres y el 36% hombres.
Estos datos son del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género y que publicó el Instituto Nacional de Estadística el pasado mes de mayo de 2025. En dicho registro se inscriben sólo las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito; medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación en este caso en el ámbito de la violencia doméstica o intrafamiliar.