La polémica de la semana ha estado presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Las breves palabras del presidente Juanma Moreno durante el lunes no han servido para que sus consejeros pudieran eludir estas cuestiones ante los medios de comunicación. La crisis abierta en Castilla y León entre Vox y PP ha terminado salpicando a los populares a todos los niveles mientras el PSOE se apuntaba un tanto bastante firme a pocos meses de las elecciones.
La postura del PP sigue dejando dudas porque no termina de ser concreta. El propio Alfonso Fernández Mañueco ha estado entre la rectificación y el ataque al Gobierno central. En Andalucía la situación ha sido similar y se ha terminado optando por un cierre de filas con las declaraciones del presidente de Castilla y León. Además, la consejera de Salud, Catalina García, ha intentado esconder esta polémica sacando a la palestra la ley del 'sólo sí es sí'. García atacaba al Gobierno de España al ser preguntada por la cuestión del aborto, "tienen mucho que callar y que corregir. La ley del 'sólo sí es sí, no se ha corregido y ha hecho que 181 personas se hayan reducido sus condenas y 23 en la calle". "Que no intenten tapar sus vergüenza con una estéril polémica con este tema", añadía.
Un argumento similar ha utilizado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco al decir que la polémica fue zanjada por Mañueco, "única autoridad válida" y que se trata de un debate que sólo "está en la cabeza de los que entienden que con la polarización pueden sacar redito electoral". "Vox necesita al PSOE y el PSOE necesita a Vox. Si no tuviéramos elecciones no estarímos hablando de esto", concluía el portavoz. Por otro lado, García ha querido dejar claro que Andalucía no contempla ningún tipo de cambio en los protocolos después de defender que "las medidas de Castilla y León son medidas informativas y que aumentan la cartera de servicios".
Sin embargo, aunque ha insistido en que el debate no existe en Andalucía, Fernández Pacheco ha defendido las subvenciones a asociaciones antiaborto que otorga la Junta de Andalucía después de un acuerdo con la extrema derecha en la pasada legislatura. Al igual que en la discusión nacional, el Ejecutivo andaluz ha hecho una especie de funambulismo para justificar estas medidas. "Es compatible el apoyo a asociaciones que piensan diferente. Las políticas de la Junta son de respeto a la mujer. Hay una apuesta clara por prevención y educación para evitar embarazos no deseados", ha manifestado el portavoz.
Estas declaraciones las ha completado la propia Catalina García a pesar de que Familias ya no forma parte de su consejería como sí ocurrió en la anterior legislatura. García ha defendido a asociaciones como Red Madre, cuyos miembros han acudido en ocasiones a las puertas de las clínicas que realizan abortos para acosar a mujeres, señalando que se trata de organizaciones que buscan "ayudar en la vida de las mujeres que han decidio ser madre y tiene problemas de violencia de género, económicos o son inmigrantes sin recursos".
Estas subvenciones han sido en años anteriores de un millón de euros. En este presupuesto, no obstante, señala Por Andalucía que la partida contemplada es de 700.000 euros. La portavoz, Inmaculada Nieto, ha asegurado que el PP "es contrario al ejercicio del derecho al aborto por parte de las mujeres" y ha pedido que "nadie olvide que tiene la ley del aborto recurrida ante el Tribunal Constitucional desde muchísimo antes de que apareciera en la escena política la ultraderecha a través de Vox y la opinión de dirigentes destacados que de vez en cuando salen a la prensa a meter la pata no son aisladas, sino la explicitación de una posición de partido".
"Que nadie olvide tampoco que el PP-A, el de Moreno Bonilla, riega con dinero de subvenciones públicas a asociaciones que se dedican a intimidar, acosar y violentar a mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo y también a los trabajadores de las clínicas donde deciden hacerlo", ha añadido Nieto, que ha subrayado que "eso lo hacían cuando gobernaban gracias a los votos de Vox y lo hacen ahora que tienen mayoría absoluta y que han aprobado en solitario un presupuesto que vuelve a poner 700.000 euros a disposición de asociaciones de esa naturaleza como Red Madre y otras que son lamentablemente conocidas por esa práctica hacia las mujeres".
La decisión del Constitucional sobre el recurso del PP, al caer
Una de las cuestiones que compromete al Partido Popular en el tema del aborto y en su intento de salir ileso de un consenso bastante amplio en la sociedad es que su recurso contra la norma sigue estando en el Tribunal Constitucional. Un TC que, mientras ha tenido mayoría conservadora ha ido atrasando esta decisión. Sin embargo, desde hace unas semanas la mayoría es progresista y su nuevo presidente ha decidido ponerle fecha al cierre del debate.
Cándido Conde-Pumpido, ha fijado para el primer Pleno de febrero, a celebrarse los días 7, 8 y 9, el debate sobre el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto aprobada en 2010 durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado del ala conservadora Enrique Arnaldo seguirá siendo el ponente de la sentencia.
El presidente del tribunal también ha fijado ya la fecha para el Pleno en el que se abordarán los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de la eutanasia. Los magistrados se reunirán los próximos 21, 22 y 23 de febrero para estudiar ley impulsada en 2021.
'Guerra' entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León
Por otro lado, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez no ha hecho caso a las rectificaciones de Alfonso Fernández Mañueco sobre su socio de Gobierno. El nuevo protocolo anunciado tan sólo está presente en una nota de prensa. Ni siquiera ha documento que garantice su entrada en vigor. No obstante, el Ejecutivo nacional ya ha dado pasos para bloquear cualquier cambio en las interrupciones voluntarias del embarazo. El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, un paso previo para llevar a la Junta al Constitucional e, incluso, aplicar el famoso artículo 155.
En el requerimiento se pide que se "cese de inmediato y, en su caso, se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier actuación material, protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación que, invadiendo las competencias estatales establecidas en los apartados primero y decimosexto del artículo 149.1 de la Constitución, vulnere o menoscabe lo establecido en la Ley Orgánica 2/2010".
Lo aprobado por el Gobierno también pide a Castilla y León que "se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier decisión que establezca obligaciones, instrucciones, indicaciones o recomendaciones al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Dopler o Ecografía 4D) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica".
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