El Consejo de Gobierno andaluz ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA), un texto que ahora continuará su tramitación en el Parlamento autonómico. La norma, llamada a sustituir la Ley Forestal de 1992, llega con el propósito de modernizar el sector forestal y adaptarlo a los desafíos del siglo XXI, tras más de tres décadas de cambios sociales, económicos y tecnológicos.
La nueva legislación pretende cerrar vacíos y duplicidades generados por el desfase temporal respecto a la ley estatal de 2003. Además, da cumplimiento al Plan Forestal Andaluz 2030, que urgía a revisar el marco normativo para garantizar una gestión sostenible y coherente con las políticas europeas. Su elaboración ha sido un proceso largo y participativo, con la intervención de administraciones, entidades locales, asociaciones y ciudadanía, además de organismos consultivos como el Consejo Económico y Social de Andalucía o el Consejo Consultivo.
Con siete títulos y 144 artículos, la LEMA aborda desde la clasificación de montes y su régimen jurídico hasta la protección, gestión sostenible y fomento forestal. Entre sus principales novedades figura la creación del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior órgano y amplía sus funciones de planificación y conservación. También moderniza la cooperación entre administraciones y consolida los convenios entre la Junta y los ayuntamientos para la gestión de montes locales.
Uno de los cambios más destacados es la transformación del Catálogo de Montes de Andalucía en el nuevo Registro de Montes Públicos, que refuerza la protección del patrimonio forestal autonómico. Asimismo, se introduce la figura del monte protector, dirigida a incentivar la conservación de terrenos privados mediante ayudas y beneficios fiscales.
La ley recupera además el Fondo de Mejoras, una herramienta histórica clave para la gestión de montes públicos, e impulsa la investigación, la digitalización y la inteligencia artificial aplicadas a la conservación forestal. También prevé la creación de la Red Muestra, que agrupará montes públicos y privados ejemplares en gestión sostenible, y un Programa de Divulgación Forestal para acercar este conocimiento a la sociedad.
En materia de simplificación, la LEMA sustituye numerosos trámites por declaraciones responsables, agilizando la actividad forestal. Reforzará el apoyo a la ganadería extensiva, clave para la prevención de incendios, y contempla la gestión sostenible como herramienta frente al cambio climático, al reconocer los montes como sumideros de carbono y establecer compensaciones por los servicios ambientales que prestan.
Finalmente, el texto apuesta por la innovación, el fomento empresarial y la colaboración público-privada. Se creará un Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales, y se impulsarán ayudas para modernizar maquinaria y digitalizar el sector. La norma también regula un régimen de responsabilidades proporcionado, enfocado en proteger y restaurar los montes andaluces como un pilar esencial del territorio y la economía rural.
Una nueva ley de gestión ambiental
Asimismo, el Consejo aprobado el Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental (Legam), una norma que renueva a fondo el marco jurídico de la comunidad en protección, prevención y control ambiental. El texto pasará ahora al Parlamento andaluz para continuar su tramitación legislativa y sustituir a la actual Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que tras años de reformas parciales había quedado desfasada.
La Legam nace con el propósito de adaptar la legislación andaluza a los cambios europeos y estatales de las dos últimas décadas. Incorpora los decretos de simplificación aprobados desde 2019 y dota a la Junta de herramientas más eficaces y ágiles para afrontar los retos ambientales del siglo XXI. El texto se enmarca dentro del Pacto de Diálogo Social de 2023, firmado con UGT, CCOO y CEA, y se ha elaborado tras un amplio proceso participativo en todas las provincias, con la colaboración de ayuntamientos, sindicatos, empresarios y colectivos ambientales.
La nueva ley, compuesta por 197 artículos distribuidos en nueve títulos, aborda desde la gobernanza ambiental hasta el régimen sancionador, configurando un marco integral, coherente y moderno. Entre sus principales novedades destaca la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como instrumento de planificación estratégica para toda Andalucía, y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que sustituirá al anterior órgano autonómico y contará con una representación más amplia de los agentes sociales y económicos.
Uno de los pilares de la Legam es la participación ciudadana. Para ello se crea el Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental, que permitirá a personas y entidades involucrarse directamente en los procedimientos de evaluación y control ambiental, reforzando la transparencia y la corresponsabilidad. Además, se impulsa la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía a través de convenios e instrumentos voluntarios de mejora ambiental, así como incentivos económicos destinados a fomentar la innovación y el empleo verde.
La norma también introduce una profunda reforma administrativa a nivel local con la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental municipal. La Junta asumirá la tramitación de 49 categorías de actuaciones antes gestionadas por los ayuntamientos, mientras que otras 33 pasarán a resolverse mediante Declaraciones Responsables, agilizando los procedimientos y reduciendo la carga burocrática. En paralelo, se unifican 21 categorías de instalaciones bajo un mismo umbral común, aportando coherencia y seguridad jurídica.
La simplificación de los plazos es otro de los avances más destacados: seis meses para la Autorización Ambiental Integrada, cinco para la Unificada Simplificada, tres para la Licencia Ambiental y efecto inmediato para las Declaraciones Responsables. Estos plazos más claros garantizan mayor seguridad jurídica y agilidad sin renunciar a la protección ambiental.
La Legam refuerza además la inspección, vigilancia y control ambiental, precisando las competencias de cada administración y estableciendo un marco de colaboración entre la Consejería de Sostenibilidad y los ayuntamientos. También actualiza el régimen sancionador, con multas revisadas y la incorporación de una medida novedosa: la prestación ambiental sustitutoria, que permitirá reemplazar sanciones económicas por proyectos de restauración, conservación o educación ambiental.
Por último, la ley impulsa la ecoinnovación y la economía circular, promoviendo tecnologías limpias, eficiencia energética y el uso racional de los recursos naturales. Con ello, el Gobierno andaluz busca avanzar hacia una Andalucía más verde, competitiva y sostenible, en la que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico vayan de la mano.