El juzgado número 3 de Cádiz ha decidido prorrogar seis meses más la instrucción de la investigación sobre el presunto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un valor de 235 millones de euros en la provincia.
El auto, firmado por el juez Manuel Jesús Gómez Gómez, establece que la investigación podría no concluir antes de octubre de 2025, fecha en la que vence el plazo ordinario de instrucción, y que existen diligencias pendientes de practicar y nuevas actuaciones que podrían ser necesarias. Por ello, se considera procedente ampliar el periodo de instrucción.
La prórroga fue solicitada por el fiscal y por los partidos PSOE y Podemos, personados como acusaciones en el caso. La Junta de Andalucía y la defensa de Demetrio González Mera, director económico de la central de compras del SAS en Cádiz y único investigado hasta el momento, han recurrido la ampliación del plazo. Ambos consideran que la decisión carece de la debida motivación y no explica de forma razonada las causas que habrían impedido finalizar la investigación en el plazo previsto.
El recurso del PP
El Gobierno andaluz, en su recurso, subraya que la ausencia de motivación tanto en el auto como en el informe del Ministerio Fiscal reviste un carácter particularmente grave, dado que la duración limitada de la fase de instrucción está vinculada a la protección de derechos fundamentales. Por su parte, el abogado del investigado señala que el juez no respondió a las solicitudes de sobreseimiento presentadas.
La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, valora la prórroga como positiva y afirma que la investigación apunta a posibles irregularidades en la gestión del sistema público andaluz durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP. Según Martínez, la oposición de la Junta de Andalucía a la investigación evidencia que el Ejecutivo regional podría tener motivos para no facilitar una revisión exhaustiva de estos contratos.
Podemos Andalucía, que impulsó la denuncia que dio origen a la investigación, ha señalado que los fraccionamientos de contratos podrían haberse producido para eludir los controles de fiscalización, y que desde la llegada del PP al Gobierno autonómico se ha producido un desvío de fondos públicos hacia la sanidad privada. La Junta de Andalucía figura como responsable civil subsidiaria en la causa.