Jerez sigue ajustando cuentas con su pasado: paga más de 430.000 euros por una obra que nunca acabó

PSOE, Adelante y Ganemos avalan una nueva adhesión al Fondo de Ordenación para pagar otros casi 30 millones en sentencias judiciales, muchas correspondientes a deudas que dejaron gobiernos anteriores

Centro de Interpretación del Guadalete, abandonado, en una visita hace unos años por miembros de Ecologistas en Acción.
Centro de Interpretación del Guadalete, abandonado, en una visita hace unos años por miembros de Ecologistas en Acción.

El pleno extraordinario del pasado lunes, en el que se volvieron a aprobar definitivamente los Presupuestos municipales para 2020, también aprobó con los votos a favor de PSOE, Adelante Jerez y Mixto (Ganemos), el PP y Cs se abstuvieron, la adhesión al Fondo de Ordenación para el pago de sentencias judiciales firmes, cifrándose las necesidades financieras para el ejercicio 2021 de 29,42 millones de euros.

Laura Álvarez ha recordado que el Fondo de Ordenación es el único instrumento financiero que tienen los Ayuntamientos para financiarse por la vigencia de Ley de Estabilidad, Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy, y por este motivo ha censurado la actitud de “cinismo e hipocresía” del PP al no apoyar la petición de esta financiación para pagar deudas, ahora sentencias por impago, que dejó el Gobierno de García Pelayo.

Entre los pagos que ahora son reclamados por vía judicial se encuentran, según ha podido saber lavozdelsur.es,  se incluyen intereses de demora por estas deudas y pago de obras que se quedaron paralizadas o que contaban con financiación supramunicipal y, al no completarse, ahora hay que devolver los fondos. Es el caso del polémico Centro de Interpretación del Guadalete, que se ejecutó al 80% y del que ahora hay que abonar 433.000 euros pese a estar abandonado. "El 5 de enero de 2015, el anterior gobierno del PP mandó la justificación de la obra incompleta y el 27 de marzo de ese mismo año recibieron un requerimiento de subsanación por esta circunstancia que no cumplimentaron, dejando el expediente totalmente incompleto", han advertido fuentes municipales consultadas.

En diciembre de 2011, la ex alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, explicaba en rueda de prensa que tras requerir a la empresa por el estado de abandono y paralización de las obras, financiadas por el controvertido Plan de 2008 de Zapatero, se procedió a la incoación de expediente de resolución de contrato ya que “este gobierno local no puede permitir que una obra de esta envergadura esté paralizada y en el estado de abandono en el que se encuentra actualmente”. La obra había sido adjudicada con un coste inferior a los 400.000  euros y su construcción estaba prevista a escasos cientos de metros de la Cartuja de Jerez, en una parcela de la Agencia Andaluza el Agua cedida al Ayuntamiento. Estaba previsto que contase con un edificio con forma de ola y espacio para zona de proyección de audiovisuales, aula de formación, salón de actos y cafetería, entre otras dependencias.

Desde el principio el proyecto contó con la oposición de varios colectivos, como Ecologistas en Acción, que propuso utilizar para tal fin el Aula de la Naturaleza de La Granja de Santa Teresa, que es de propiedad municipal y está sin usar, argumentando razones de “rentabilidad económica, social y ambiental”. Años después acabaron robando hasta la cancela. Y ahora el Ayuntamiento de Jerez ajusta cuentas con este pasado de políticas tan nocivas para la ciudad.

En el mismo expediente de sentencias judiciales, por cierto, también se han incluido 994.000 euros de deuda al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, de un montante total de 1,22 millones que el gobierno del PP dejó sin pagar —dándose la circunstancia de que Antonio Saldaña, líder del PP jerezano, fue su presidente—; 368.000 euros en intereses de demora que hay que pagar a Endesa por una deuda de 2,4 millones que dejó sin pagar el anterior gobierno del PP —y que salgo el actual ejecutivo—; 278.000 euros en intereses de demora por la deuda  de 1,23 millones de euros de hace dos mandatos con la UTE Las Calandrias; y 2,7 millones por la obra de la jefatura de Policía Local, cuyas obras se pararon a finales de 2011 y no se autorizó la cesión a otra empresa hasta enero de 2013, "una vez que ya había finalizado el plazo de ejecución de la obra marcado por el Estado".

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