Rafael Velasco, exvicesecretario general del PSOE andaluz, está cerca del banquillo, junto a varios familiares, por un caso de cursos de formación. También lo están varios familiares por un supuesto fraude en subvenciones de formación a través de la academia Aulacen Cinco SL. El juez instructor ha dictado un auto —con fecha 23 de febrero— que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a que Fiscalía y acusaciones decidan si acusan formalmente. En esa resolución, el magistrado acuerda el procesamiento por posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
Además del entorno familiar de Velasco, el auto apunta al exconsejero de Empleo Antonio Fernández García (consejero entre 2004 y 2010), un exjefe de Servicio de la Dirección General de Formación, y tres exdirectores generales de Formación.
Según el instructor, alrededor de Aulacen Cinco SL se habría creado un “entramado empresarial” que terminó recibiendo 193.938,30 euros por cuatro subvenciones de la Junta de Andalucía para impartir cursos, en una etapa en la que Velasco ocupaba cargos públicos y era dirigente del partido. El juez concluye que la empresa “habría sido beneficiaria injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo” por ese importe total. Y subraya un patrón: una supuesta actividad “de forma sucesiva, vinculada y solapada en el tiempo”, porque “cuando no ha terminado la justificación de una subvención se concede otra”, con actuaciones justificativas concurrentes sobre varios expedientes. El auto fija además una fecha clave: el último pago, de 10.324,12 euros, se verificó el 21 de marzo de 2019, dos meses después del cambio político en la Junta.
La resolución es especialmente dura al describir cómo, siempre según el magistrado, la Consejería de Empleo habría favorecido a la empresa ligada a Velasco. Señala que recibió fondos “al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, con “claro perjuicio” para otras empresas del sector y para desempleados, al privarles de concurrir en igualdad. También habla de “desprecio” de normas básicas en la gestión de fondos y de incumplimientos en concesión, control, pago y justificación. Con este auto, el juez da por cerrada la investigación contra la esposa y administradora única, una cuñada evaluadora), otra cuñada docente) y un hermano de Velasco, que figuraría como docente.
Velasco dejó su escaño y su cargo orgánico en octubre de 2010, cuando se conoció que la academia de su mujer había recibido ayudas por 730.000 euros entre 2006 y 2009. Esta causa concreta se centra en cuatro subvenciones concedidas entre 2007 y 2009 por 28.752,30 euros, 41.296,50 euros, 82.593,00 euros (de la que se abonó el 75% inicial, 61.944,76 euros) y 41.296,50 euros.
El juez también destaca episodios que, a su juicio, apuntalan la implicación del exdirigente: “habría recogido personalmente, en nombre de Aulacen Cinco SL, la propuesta de programación del Curso de Formador Ocupacional”. Y en un expediente, esa propuesta fue aceptada por Juan Alfredo F. L., “quien en aquel entonces era el chófer personal de Rafael Velasco”.
Otro nombre aparece en el sumario: un empleado del PSOE andaluz entre mayo de 2009 y marzo de 2010, designado como “persona autorizada” para recoger documentación. Ante la unidad policial, dijo que “Rafael Velasco le solicitó que recogiera una documentación en su nombre” y que era su superior directo. En paralelo, el auto desgrana irregularidades: importes superiores sin explicación pese a cursos “idénticos”, expedientes sin presupuesto, criterios de valoración “indefinidos e inmotivados” y, según la UCO, ausencia de prácticas e inserción laboral comprometidas, además de alumnos con vínculos personales y/o familiares con Velasco y su esposa.