La familia de Manuel José García Caparrós, el sindicalista malagueño asesinado durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, ha solicitado de manera urgente al Gobierno central que modifique la legislación para que su muerte sea reconocida como la de una víctima del terrorismo de Estado. Las hermanas del joven, Loli, Paqui y Puri, han anunciado que emprenderán una lucha “directa” y “constante” hasta lograr que se reconozca oficialmente su condición.
En el lugar exacto donde García Caparrós falleció, las tres hermanas se han dirigido a los medios de comunicación para expresar su reacción ante la carta enviada por el Ministerio del Interior, en la que se rechaza su petición. La misiva ha sido calificada por ellas como “de la vergüenza” y, según han señalado, ha supuesto “la más dura” de las comunicaciones que han recibido hasta la fecha.
Las familiares han hecho un llamamiento a la sociedad andaluza para movilizarse “por la dignidad y memoria” de Manuel José García Caparrós. Además, han detallado que pondrán en marcha un plan de acción que definieron como “lucha constante” con el objetivo de conseguir la modificación legal que permita reconocer oficialmente a su hermano como víctima del terrorismo de Estado.
Desamparadas por las instituciones
Ante lo que consideran un estado de “desamparo” por parte de las instituciones, han pedido la implicación de Andalucía y de sus organismos para colaborar en “restituir la memoria” de García Caparrós. La familia insiste en que su hermano debe ser reconocido como un símbolo de sacrificio por la autonomía y los derechos de Andalucía, subrayando que “dio su vida por Andalucía”.
La reivindicación de la familia se produce en un contexto de décadas de demandas sociales y políticas que buscan honrar la memoria de víctimas de violencia estatal durante la Transición española. Con su anuncio de movilizaciones y acciones legales, las hermanas de García Caparrós ratifican su compromiso de mantener vivo el recuerdo de su hermano y de conseguir que la legislación reconozca de manera oficial su estatus como víctima del terrorismo de Estado.