El Gobierno, contra Ferrovial: huir del país en plena crisis "no es ser españoles"

La vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra Ione Belarra o la ministra de Transportes critican la decisión de la compañía mientras PP y Cs culpan a las políticas del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que Ferrovial diga "sin rubor" que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos, y le ha pedido que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de "necesidad" en el país.

"Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública. Le pido compromiso con nuestro país, con España", ha subrayado Díaz en declaraciones a los medios, en la que ha criticado que la empresa presidida por Rafael del Pino anuncie "sin rubor" el traslado de su sede fiscal a Países Bajos por sus "mejores condiciones fiscales", y ha señalado que se trata de "dumping fiscal".

Además, ha insistido en que en el ámbito europeo se tiene que trabajar para que no existan ni el 'dumping fiscal' ni los paraísos fiscales. Díaz también ha cuestionado la ejemplaridad de Ferrovial en un momento como el actual y ha recalcado que cambiar la sede fiscal en una coyuntura de crisis "no es ser españoles".

"Ser español, ser española, es defender la permanencia en tu país (...). Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles hoy están atónitos con esta noticia. En los momentos de compromiso y necesidad en nuestro país las empresas tienen que ser ejemplares", ha zanjado la vicepresidenta segunda.

El consejo de administración de Ferrovial anunció este martes la propuesta de fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado ante el anuncio de Ferrovial que lo que hay que hacer como Gobierno es "siempre defender los intereses de España" y que "los planes de inversión que tiene Ferrovial en el país se mantengan", de hecho ha dicho que le han "asegurado que eso va a ser así y se van a mantener los puestos de trabajo".

En una conferencia-coloquio en Córdoba, la ministra ha expresado que "es una decisión empresarial", pero "no agrada" como Gobierno, ni como país, al tratarse de "una empresa como Ferrovial, tan importante, que nació y creció gracias a la inversión pública en este país y de todos los españoles".

Al respecto, ha apuntado que "gracias a empresas como Ferrovial se han podido hacer realidad grandes proyectos", de manera que "forma parte de la Marca España", ha subrayado, para apostillar que "nuestra economía, industria y empresas cuando son reconocidas en el exterior es también gracias al trabajo y al prestigio internacional que han obtenido empresas como Ferrovial".

Podemos critica los "paraísos fiscales"

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado medidas conjuntas en el seno de Europa para erradicar "paraísos fiscales" dentro del continente y evitar que empresas como Ferrovial, que tiene planes de trasladar su sede social a Países Bajos, evite el modelo tributario "justo" que impulsa el Gobierno.

"Si hoy tenemos las ayudas públicas que se han desplegado, si hoy tenemos una sanidad pública que, a pesar de los muchisimos ataques y privatizaciones que está recibiendo, una referencia todavía en el mundo es gracias a esa fiscalidad", ha razonado la titular de Derechos Sociales.

Por tanto, ha apelado a exigir "responsabilidad" en todo el continente avanzar en mecanismos contra los "paraísos fiscales" y asegurar que "lo que más tienen en España pagan lo que le corresponde", como han hecho con el impuesto extraordinario a la banca y las eléctricas.

Belarra ha insistido en reclamar al PSOE que aplique un tope a la subida de las hipotecas variables, ante el alza del Euribor, e intervenga en el mercado de los alimentos ya sea fijando un limite sobre el precio máximo de productos básicos o bonificando la cesta de la compra un 14%, como se hizo con los combustibles y que iría complementado con un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados.

La ministra ha reconocido que está "enormemente preocupada" por los últimos datos de la inflación que, bajo su criterio, evidencia que la bajada del IVA a determinados alimentos es "insuficiente" y se requieren medidas adicionales.

A su juicio, la mejor estrategia sería emular para los alimentos el tope al gas, que se ha demostrado como una iniciativa efectiva, que ahora toda Europa quiere emular y que además es "gratuita" para las arcas públicas.

El PP pide respeto a la empresa

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que hay que "respetar" la decisión de Ferrovial de trasladarse a los Países Bajos y ha cargado contra la vicepresidenta Nadia Calviño por "señalar" a esta compañía. A su entender, la pregunta que debería hacerse es si el Gobierno ha hecho algo para "empujarla a que se tenga que ir" o es "responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países".

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha tenido una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado "claramente su rechazo" a ese traslado del domicilio social de la empresa a Países Bajos. Según fuentes del Ministerio, se trata de una "errónea decisión" de una empresa "que debe todo a España" y ha criticado la "falta de compromiso con su país".

Gamarra ha afirmado que "hay que respetar las decisiones que toman" las empresas españolas. "Lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta: ¿He hecho yo algo para que se queden? ¿O he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir?", se ha preguntado. Es más, ha dicho que la vicepresidenta primera debe preguntarse si el Gobierno es "responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países" o de "la falta de incentivos para atraer la inversión".

Además, Gamarra ha subrayado que debe formularse la siguiente cuestión: "¿Estoy teniendo como Gobierno una conducta de defensa de nuestro tejido económico y empresarial o estoy permitiendo que sea vapuleado?". Según ha añadido, estas son preguntas que "debe hacerse el propio Gobierno antes de señalar a una empresa que sigue manteniendo su actividad también en España".

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido que con la marcha de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, España se enfrenta al "riesgo" de que haya un "efecto contagio" en otras multinacionales españolas y salgan del país.

Cs culpa al Gobierno

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado que el Gobierno de coalición y sus políticas fiscales están consiguiendo "expulsar" a las grandes empresas de España.

Arrimadas ha incidido en que el Gobierno "es una fuente de inseguridad jurídica" y de "desconfianza". De hecho, ha asegurado que el Gobierno "trabaja para echarlas" o, al menos, para que "sea difícil que se queden".

En este sentido, Arrimadas ha ironizado al apuntar que de seguir así, "la única gran empresa que va a quedar en este país es Correos", que es pública, ya que considera que el resto de compañías privadas "lo van a tener muy difícil seguir ejerciendo su actividad".

La diputada de Ciudadanos ha condenado lo que considera ataques a la empresa por parte del Gobierno. Además del reciente episodio con Ferrovial, Arrimadas también ha mencionado las críticas vertidas desde Unidas Podemos a Mercadona y su presidente, Juan Roig, por los precios de alimentación.

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