La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este miércoles el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Durante la sesión ha testificado un extrabajador de Acyco que trabajó para tal empresa entre 2001 y 2011 y que ejerció funciones de jefe de fábrica. Este exempleado ha dicho que en aquella época, conocía el ERE promovido en 2003 por Acyco para prejubilar a 35 trabajadores —con cargo a los fondos autonómicos—, toda vez que durante la vista oral, acusados y testigos han reconocido que las prejubilaciones fueron ofertadas en condiciones bastante o muy "favorables".
Así lo dijo por ejemplo el exdirector de Recursos Humanos de Acyco y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, acusado en este juicio. Al respecto, este exjefe de fábrica de Acyco ha explicado que en efecto, las personas a prejubilar mediante el ERE de 2003 eran trabajadores "obsoletos" por su edad e inadecuada "cualificación" para la maquinaria y procedimientos incorporados por la empresa, exponiendo que las prejubilaciones alcanzaban "casi el 100% del sueldo" de los empleados afectados por el ERE.
"Era casi mejor que si les hubiese tocado la lotería", ha dicho insistiendo varias veces en la idea que para los trabajadores afectados por el ERE, las prejubilaciones fueron un premio de "lotería". Según sus palabras, así se lo manifestó Antonio Alamino, extrabajador de Acyco, otrora miembro del comité de empresa por UGT, prejubilado en el ERE y presidente de la que fuera asociación 3 de Julio de exempleados de Acyco.
Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, este exjefe de fábrica de la empresa ha manifestado que gracias a tal decisión de Gabriel Barrero, Encarnación Poto —presidenta del consejo de administración, también prejubilada en el ERE y acusada en este juicio—; y otros socios de la entidad, fue posible activar los pagos de las prejubilaciones, según le habrían manifestado los beneficiarios de las mismas.
A tal efecto, el día previo, un jefe de la Guardia Civil encargado de la investigación señalaba el "compromiso" del acusado Jesús Bordallo, entonces consultor de Vitalia en Sevilla, para que en el plazo de "un año" ese dinero fuese devuelto a los socios de Acyco que lo habían anticipado, extremo que según relataba habría sido acometido mediante "una factura" de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de dicha empresa con cargo a la Junta, una factura no elaborada por tal asociación.
En ese sentido, recordemos que Alamino testificó que tras aquel adelanto, descubrió que en la cuenta bancaria de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco, tomadora de la póliza de las prejubilaciones del ERE, habían ingresado "40 millones de pesetas" y como "no quería líos", solicitó al director de la sucursal bancaria que diese ese dinero "a quien lo había pedido" porque no pertenecía a los extrabajadores, tras lo cual el dinero fue transferido y según ha indicado, "se lo llevaron" Gabriel Barrero y Encarnación Poto, entre otros.
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