Con el comienzo del año 2023, comenzarán a aplicarse y a entrar en vigor un buen número de novedades en las áreas de competencia del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fruto de las reformas aprobadas durante los últimos meses y orientadas a ampliar derechos, reforzar el sistema de protección social y atender a las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Además de los hitos más notables, como la revalorización de las pensiones en un 8,5% con carácter general y en un 15% en el caso de las pensiones no contributivas y de la renta garantizada en el Ingreso Mínimo Vital, hay otras medidas que empezarán a aplicarse en 2023 y que cuentan con más impacto social y económico.
De entrada comienza a aplicarse el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos basado en los rendimientos netos y acordado con los interlocutores sociales, que incluye además mejoras en su protección por cese de activida.
Con este nuevo sistema, tres de cada cuatro autónomos -los que menos ganan- tendrán acceso a una cuota igual o menor que la que pagan actualmente, reducción que puede llegar a ser de hasta un 30% respecto a las cuotas actuales. El nuevo sistema beneficia especialmente a las mujeres y a los jóvenes según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
El pasado 27 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a destinar los recursos necesarios para proteger a la mayoría social del país “en cualquier escenario”, como lo hizo durante la pandemia o con la erupción del volcán de la isla de La Palma. La respuesta suma ya 45.000 millones de euros para proteger a la clase media y a los trabajadores ante el aumento del coste de la vida, de la energía y los alimentos.
Sánchez incidió en que se prolongan las rebajas a los impuestos de la electricidad y el gas, y se suspenden los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. Además, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler y se introduce una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.
El empleo está teniendo un buen comportamiento hasta la fecha, manteniéndose el número de parados por debajo de los tres millones desde el mes de julio, (2,88 millones en noviembre), lo que hace que, por ejemplo, el Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas, que fijó su previsión de la tasa de paro en el 12,7% en 2022, adelante que pueda incrementarse al 12,9% en 2023 debido precisamente a las menores expectativas de crecimiento de la economía en el año próximo.
Incentivos para la España vaciada
Hay novedades, reducciones de cuotas, para las empresas y autónomos de Cuenca, Soria y Teruel. Las empresas se beneficiarán de una reducción del 5% en la cotización por contingencias comunes de las empresas por todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, del 15% en los nuevos contratos indefinidos y del 20% en nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes.
En el caso de los autónomos, se beneficiarán de una cuota única mensual de 80 euros por contingencias comunes y profesionales aquellos que durante el año 2023 causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, siempre que desempeñen toda su actividad en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Esta cuota reducida se extenderá durante los 36 primeros meses. naturales inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Otra novedad es la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la aportación extraordinaria y temporal de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales. La recaudación se destinará a la reactivación del Fondo de Reserva -la “hucha de las pensiones”- que recibirá por ello este año cerca de 3.000 millones.
Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social podrán ser adscritos a órganos de la Administración General del Estado o sus Organismos públicos, o a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia o vinculadas o dependientes de las mismas. Con ello, se posibilita dar un uso público, al servicio de los ciudadanos, a inmuebles de los que es propietaria la Seguridad Social pero que no están siendo utilizados por ella.
Los planes de pensiones
En 2023 empezará a aplicarse la nueva regulación de los planes de pensiones de empleo, que permitirá ampliar la población cubierta por estos planes, acercándonos a la situación de los principales países europeos.
Las empresas podrán reducirse en su cuota a la Seguridad Social las contribuciones que hagan a los planes de empleo de sus trabajadores, con un límite 1.431 euros al año por empleado.
También podrán practicar una deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades del 10% de sus contribuciones en los planes de pensiones de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a los 27.000 euros, y la parte proporcional para los empleados con salarios superiores.
En cuanto a los trabajadores, podrán deducirse del Impuesto sobre la Renta hasta 10.000 euros al año, con la contribución de la empresa, y los autónomos hasta 5.750 euros al año de lo que aporten a su plan de pensiones de empleo.
Ingreso Mínimo Vital
En 2023 se completa la normativa del IMV, que se diseñó en 2020 como un conjunto de políticas para garantizar la inclusión sociolaboral de las personas más vulnerables. Entra en vigor el incentivo al empleo, que se calcula de oficio para los perceptores del IMV que se incorporen al mercado laboral o aumenten el número de horas de trabajo, en el caso de que ya tengan actividad laboral, y que garantiza que su renta disponible sea superior a la que habrían tenido sin incentivo.
Entra en vigor la acción concertada, que sustituye el sistema de subvenciones anuales para el sistema de acogida tanto para los solicitantes de protección internacional como para los receptores de atención humanitaria. Esta figura, pionera en la Administración General del Estado, dotará de mayor estabilidad y transparencia al sistema al establecer un plazo de financiación de 2 a 4 años. Esto permite trazar una planificación plurianual a las entidades, consolidando un sistema mixto de gestión que favorecerá el intercambio de información y permitirá a las entidades colaboradoras mejorar su planificación de recursos.
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