Desde este jueves los ayuntamientos pueden empezar a sortear las mesas electorales de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Según la legislación, el nombramiento de los integrantes de la mesa electoral es competencia de cada ayuntamiento, y se eligen mediante sorteo público utilizando cualquier procedimiento aleatorio o mecanismo al azar.
La tarea está asignada al Pleno de la corporación, pero no hay objeción para que el sorteo pueda realizarse ante la Junta de Gobierno Local, en caso de que se le haya delegado la competencia.
En principio, los ayuntamientos tenían un plazo entre el 24 y el 28 de junio para celebrar esos sorteos, pero la Junta Electoral Central acordó permitir a los consistorios adelantarlos a este mismo jueves siempre que esté listo el censo electoral de referencia.
A la espera de posibles modificaciones del censo, para estos comicios se prevé habilitar 60.340 mesas electorales, con lo que los ayuntamientos deberán llamar a más de medio millón de personas: 181.020 miembros titulares y otros 362.040 suplentes. Y todos ellos estarán convocados a las 8 de mañana del domingo 23 de julio.
Las personas designadas recibirán una comunicación en los tres días siguientes al sorteo –junto a un manual de instrucciones sobre el trabajo que tendrán que desempeñar–, aunque si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación.
Recibida la notificación, los elegidos tendrán siete días para presentar esas alegaciones y, dado que esta vez las elecciones se celebran en plenas vacaciones, la Junta Electoral Central ha permitido que se pueda alegar la contratación de un viaje, pero siempre que se haya pagado antes de la convocatoria de elecciones (30 de mayo) y que su anulación suponga un perjuicio económico demostrable. Y todo ello asegurándose de que hay gente disponible en la mesa.
Según la Ley Electoral (Loreg), "el presidente y los vocales de las mesas electorales, así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses".
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