Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, inicia la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo desde la Alameda de Hércules de Sevilla, donde pronuncia un discurso extenso y combativo durante el que dice que se siente "mentalmente, y voy a actuar como tal, presidente de la Junta de Andalucía si se me da el apoyo popular".
El acto arranca con una referencia a la flotilla humanitaria interceptada en aguas próximas a Gaza, con la que el candidato quiere subrayar el "profundo sentimiento internacionalista" que, a su juicio, define a los andaluces y las andaluzas, antes de entrar de lleno en el análisis de la situación política de la comunidad.
Maíllo centra el grueso de su intervención en lo que califica como el fracaso del modelo impuesto por el PP desde 2019. En su relato, el denominado "milagro andaluz" no ha sido sino el espejismo de una minoría privilegiada: el 0,3% de la población que, según el candidato, ha concentrado los beneficios de las políticas fiscales del ejecutivo autonómico. "¿Quién tiene un millón de euros aquí, que levante la mano?", pregunta al auditorio, en referencia a las bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio aprobadas por la Junta.
El candidato repasa con detalle los tres ejes que, en su opinión, han vertebrado los sucesivos acuerdos que el PP firma con Vox. El primero de esos ejes es la bajada masiva de impuestos a las altas rentas y a los grandes patrimonios, de los que Maíllo cifra en 17.000 los beneficiarios directos en Andalucía. El segundo, la privatización progresiva de los servicios públicos bajo lo que denomina el "mantra neoliberal de que lo privado funciona". El tercero, la apertura sin restricciones a los fondos de inversión, a los que acusa de tensar el mercado de la vivienda y de acaparar tierras fértiles para destinarlas a instalaciones fotovoltaicas.
Sanidad, dependencia, vivienda y universidad: los cuatro pilares de la denuncia
A lo largo de su intervención, Maíllo articula su crítica al Ejecutivo autonómico en torno a cuatro grandes áreas de política pública que, según él, acumulan el mayor deterioro tras ocho años de gobierno popular.
En materia sanitaria, denuncia el colapso de la Atención Primaria y el escándalo del cribado del cáncer de mama, cuya gestión externalizada habría dejado a muchas mujeres sin la garantía de atención a tiempo que ofrece la sanidad pública.
Sobre Dependencia, ofrece un dato impactante: 1.567 personas habrían fallecido entre enero y el 31 de marzo de este año mientras esperaban la resolución de su expediente. Una cifra que, en su opinión, condena moralmente la gestión del gobierno autonómico y convierte la reforma del sistema en una urgencia sin paliativos.
En vivienda, critica duramente la pasividad del ejecutivo ante el encarecimiento del alquiler y la proliferación de pisos turísticos, y recrimina a Moreno Bonilla que no haya activado la Ley de Vivienda estatal, que a su juicio habría permitido declarar como zonas tensionadas a 333 municipios andaluces, con el consiguiente límite a los precios del alquiler. "Ha tenido ocho años sin hacer nada, y eso también es una forma de hacer política de vivienda", señala.
Respecto a la universidad pública, relata su reciente encuentro con un catedrático jubilado con 45 años de trayectoria en la Universidad de Sevilla que, según Maíllo, le confiesa que votará a Por Andalucía por primera vez, horrorizado por la infrafinanciación, los recortes y la proliferación de universidades privadas de dudosa calidad académica.
Un programa de Gobierno con medidas concretas
Frente al diagnóstico negativo, Maíllo presenta un repertorio de propuestas que, según insiste repetidamente, son realizables si se reorienta el gasto público actualmente destinado a la sanidad y la educación concertadas hacia la red pública.
En el ámbito sanitario, promete garantizar la atención del médico de cabecera en un plazo máximo de 48 horas y contratar a 8.000 sanitarios para reforzar la atención primaria. En educación, propone aprovechar los más de 800 institutos de enseñanza secundaria de la comunidad para ampliar la oferta de Formación Profesional pública, frente a lo que denuncia como la política de Moreno Bonilla de autorizar únicamente plazas en centros privados.
Para la dependencia, establece un horizonte de 180 días como plazo máximo para reconocer la situación de cada persona y dotarla de los recursos necesarios, con una indemnización garantizada para quienes tengan que esperar más tiempo. Y en vivienda, reitera su compromiso de aplicar la ley estatal y establecer límites a los alquileres en los municipios que cumplan los requisitos.
En cuanto a los fondos de inversión, anuncia que ninguna hectárea de tierra fértil podrá destinarse a usos no agrícolas mientras existan 400.000 hectáreas de tierra baldía disponibles para instalar placas fotovoltaicas.
"En mayo del 26 vamos a hacer otro julio del 23"
"Hay gente que me pita por la calle, que se ha acercado, que me muestra un afecto que me desborda", dice Maíllo, añadiendo que la acogida popular le hace augurar que Por Andalucía será "la sorpresa" de la noche del 17 de mayo.
Como referente de esa posibilidad, evoca la victoria del bloque progresista en las elecciones generales de julio de 2023, cuando Feijóo ya se daba por ganador. "¿Os acordáis cuando Feijóo estaba ya nombrando a su ministro y su ministra? Pues ganamos en julio del 23, los paramos, y ahora en mayo del 26 vamos a hacer otro julio del 23".
Maíllo subraya que la coalición ha alcanzado su forma actual tras un proceso de convergencia que, arrancado año y medio atrás entre cuatro organizaciones, se amplía con la incorporación de tres más durante la Semana Santa. Un proceso que responde a "un mandato popular" que la izquierda andaluza habría recibido para presentarse unida y ser relevante electoralmente.
Por Andalucía lo confirman IU, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde. "Somos un proyecto que aspira a la mayoría", proclama, insistiendo en que Por Andalucía no aspira a ser "profesionales de la oposición" sino a gobernar. La coalición, que cuenta con más de mil concejales y concejalas en ayuntamientos de toda Andalucía, presenta como aval de su capacidad de gestión los resultados obtenidos en la administración local, donde a su juicio desmienten cotidianamente "el mantra de las privatizaciones".